El juez de primera instancia Ignacio Torteya, de Brownsville (Texas), tomó la decisión tras la petición de la agencia, presentada el 19 de enero, de suspender la demanda durante 45 días, en los que señaló que podría abandonar el caso o llegar a un acuerdo.
El presidente republicano Donald Trump tomó posesión de su cargo el 20 de enero, dando paso a una nueva administración. Musk, uno de los principales asesores de Trump, dirige una comisión encargada de identificar el despilfarro y la ineficacia en el gobierno federal.
SpaceX y el Departamento de Justicia no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
El DOJ afirma que, al menos desde 2018 hasta 2022, SpaceX disuadió de forma rutinaria a los solicitantes de asilo y a los refugiados de solicitar puestos de trabajo y se negó a tenerlos en cuenta o a contratarlos.
La compañía ha negado haber actuado mal, diciendo que las leyes federales de control de exportaciones le obligan a emplear sólo a ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes.
En 2023, otro juez había bloqueado al DOJ para que siguiera adelante con el caso, que sería juzgado internamente por un juez administrativo, a la espera del resultado de la demanda.
SpaceX presentó una demanda para bloquear el caso, alegando que los jueces administrativos del DOJ son nombrados indebidamente por el fiscal general de EE.UU. porque se les conceden poderes que deberían estar reservados únicamente a los funcionarios nombrados por el presidente.
Tanto Trump como Musk se han mostrado críticos con los poderes de las agencias federales, incluidas aquellas como el DOJ con procedimientos internos de aplicación de la ley.
Musk ha dicho que el panel que dirige, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, recomendaría recortes masivos de gastos y despidos de trabajadores federales e identificaría miles de regulaciones gubernamentales que son innecesarias o legalmente inválidas.
SpaceX también está desafiando la estructura de la Junta Nacional de Relaciones Laborales en un par de demandas que buscan bloquear a la agencia para que escuche casos que acusan a la empresa de prácticas laborales ilegales.