Apple consiguió una importante victoria el miércoles, después de que la segunda autoridad judicial europea rechazase una orden de la UE que exigía al fabricante de los teléfonos iPhone el pago de 13.000 millones de euros (15.000 millones de dólares) en concepto de impuestos atrasados en Irlanda, asestando un duro golpe a la campaña de Bruselas contra los mecanismos fiscales pactados entre las multinacionales y algunos miembros del bloque.

En la orden que dictó hace cuatro años, el brazo ejecutivo de la UE indicaba que Apple se había beneficiado de una ayuda pública ilegal a través de dos resoluciones fiscales irlandesas que redujeron artificialmente su carga fiscal durante más de dos décadas hasta tan sólo el 0,005% en 2014.

"El Tribunal General anula la decisión impugnada porque la Comisión no logró demostrar de manera suficiente que existía una ventaja a los efectos del artículo 107 (1) del TFEU1", dijeron los jueces, refiriéndose a las normas de competencia de la UE.

Según el tribunal, la Comisión se equivocó al afirmar que a las dos filiales irlandesas de Apple, Apple Sales International y Apple Operations Europe, se les había concedido una ventaja económica selectiva y, por extensión, una ayuda estatal.

Este añadió que, a pesar de la naturaleza incompleta y en ocasiones incoherente de las resoluciones fiscales irlandesas, la Comisión no había demostrado que Apple disfrutara de una ventaja injusta ni que las autoridades fiscales irlandesas hubiera actuado discrecionalmente al emitir los fallos.

Apple acogió con beneplácito el fallo, diciendo que el caso no trataba de cuántos impuestos paga, sino de dónde debe pagarlos. Irlanda, que había apelado junto a Apple, dijo que siempre había defendido que no había dado un trato especial al gigante tecnológico estadounidense.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, dijo que estudiaría cuidadosamente la sentencia del Tribunal General y que reflexionaría sobre los posibles próximos pasos. La Comisión puede apelar ahora por cuestiones de derecho ante el Tribunal de Justicia de la UE, la máxima instancia judicial de Europa.

Esta derrota para Vestager podría debilitar o retrasar los casos pendientes contra los acuerdos de Ikea y Nike con Países Bajos, así como el acuerdo de Huhtamaki con Luxemburgo.

Vestager, que ha hecho de la campaña fiscal una pieza central de su departamento, ya comprobó que el mismo tribunal anuló el año pasado su petición para que Starbucks pagase hasta 30 millones de euros en impuestos atrasados en Países Bajos. En otro caso, el tribunal también rechazó otra resolución contra un programa de impuestos en Bélgica que abarca a 39 multinacionales.

El fallo del miércoles vuelve a poner la atención en el régimen fiscal irlandés. Con las iniciativas para conseguir un acuerdo global que fije los impuestos de las grandes multinacionales, podrían resucitarse los planes de un impuesto global de la UE, lo que pondría las bajas tasas impositivas de Irlanda en la línea de fuego.

Las multinacionales, atraídas por los bajos impuestos de Irlanda, emplean a unas 250.000 personas en el país o lo que es lo mismo: uno de cada diez trabajadores a finales del año pasado.

Sin embargo, el Gobierno irlandés se ha enfrentado a fuertes críticas por parte de los partidos de la oposición por luchar contra una ingreso fiscal que con los intereses habría ascendido a 14.000 millones de euros, cantidad suficiente para cubrir al menos la mitad del déficit presupuestario del 10% del PIB que se prevé para este año como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

"Este es un mal día para el contribuyente", dijo Pearse Doherty, portavoz financiero del principal partido de la oposición, el Sinn Fein.

"Mientras que el Departamento de Finanzas puede estar pensando que es un buen día para ellos, moralmente es un día terrible", añadió.

(1 dólar = 0,8793 euros)

(Editado por Mark Potter; traducido por Darío Fernández y Jose Elías Rodríguez)