El Tribunal Constitucional de Portugal ha declarado ilegal un gravamen extraordinario sobre los servicios públicos de energías renovables, respaldando un recurso de las empresas que han pagado cientos de millones de euros del llamado gravamen CESE durante años.

Las fuentes de energía renovables, como las presas y los parques solares y eólicos, suministrarán el 61% de la electricidad de Portugal en 2023, uno de los ratios más altos de Europa.

El presupuesto de 2024 preveía que el gobierno recaudaría 125 millones de euros (134 millones de dólares) del CESE en todo el sector energético, la misma cantidad que el año pasado.

El CESE se introdujo en 2014, sin incluir las energías renovables, como parte de los esfuerzos de Portugal por reducir el déficit presupuestario tras una crisis de deuda y un rescate internacional. A pesar de haberse previsto como una medida puntual, los sucesivos gobiernos han mantenido el gravamen en vigor.

En 2019 se amplió para gravar las tarifas de alimentación de las compañías eléctricas a las renovables con un nuevo objetivo: reducir en última instancia la deuda tarifaria acumulada por el sector eléctrico, resultante de que anteriormente aplicaba a los clientes finales unos precios regulados de la electricidad inferiores a los costes de producción.

En una sentencia fechada el 23 de abril y hecha pública a última hora del martes, el Tribunal Constitucional afirma que la aplicación del CESE a las utilidades renovables "es inconstitucional por vulnerar el principio de igualdad".

Dijo que no puede concluirse que la deuda tarifaria haya sido causada por las empresas de servicios públicos renovables, ni que éstas se beneficien directamente de su reducción.

La tasa normal del CESE equivale al 0,85% del valor de los activos regulados sujetos al impuesto y se añade al impuesto sobre la renta que ya pagan las empresas de servicios públicos.

La mayor empresa de servicios públicos de Portugal, EDP, que ha impugnado la tasa, optó por no pagar 49,4 millones de euros en concepto de impuesto CESE para 2023, a la espera de una decisión judicial.

Desde la introducción del CESE, el grupo EDP ha pagado 558 millones de euros del gravamen sobre sus activos renovables y no renovables, y su consejero delegado, Miguel Stilwell de Andrade, ha criticado el impuesto por desincentivar la inversión.

El CESE también ha afectado a las empresas de servicios públicos extranjeras que operan en Portugal, como las españolas Iberdrola y Endesa.

(1 dólar = 0,9304 euros)