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La abogada general Laila Medina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, dijo que los jueces deberían anular la decisión de la Comisión Europea de 2019 contra las resoluciones fiscales ilegales del Reino Unido concedidas a determinados grupos multinacionales entre 2013 y 2018.
La Comisión, que actúa como garante de la competencia en el bloque de 27 países, afirmó que las normas británicas sobre sociedades extranjeras controladas (CFC, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es atraer a las empresas para que establezcan su sede en Gran Bretaña y desincentivar a las compañías británicas que se trasladan al extranjero, otorgaban a estas empresas una ventaja ilegal.
La decisión se emitió antes de la retirada británica de la UE. Un tribunal inferior confirmó la decisión de la Comisión en 2022 tras un recurso presentado por el gobierno británico y la ITV.
Gran Bretaña, ITV y dos empresas del London Stock Exchange Group recurrieron posteriormente ante el TJUE.
Medina, asesor del Tribunal, reprochó al ejecutivo de la UE y al Tribunal General sus errores jurídicos.
"Tanto la Comisión como el Tribunal General cometieron un error de derecho al considerar que las normas de las sociedades extranjeras controladas (SEC), en lugar del sistema general del impuesto de sociedades británico en su conjunto, eran el marco de referencia correcto para examinar si se había concedido una ventaja selectiva", afirmó.
"De hecho, las normas CFC sólo pueden entenderse plenamente si se considera el sistema del impuesto de sociedades del Reino Unido en su conjunto".
Los jueces, que fallarán en los próximos meses, suelen seguir a la mayoría de estos dictámenes no vinculantes.
Los asuntos acumulados son C-555/22 P, C-556/22 P y C-564/22 P | Reino Unido contra Comisión y otros. (Reportaje de Foo Yun Chee; Edición de Angus MacSwan)
