Fiscales de la Corte Penal Internacional han interrogado al personal de los dos mayores hospitales de Gaza, según dijeron dos fuentes a Reuters, la primera confirmación de que los investigadores de la CPI estaban hablando con médicos sobre posibles crímenes en la Franja de Gaza.

Las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a lo delicado del tema, dijeron a Reuters que los investigadores de la CPI habían tomado declaración al personal que había trabajado en el principal hospital de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, Al Shifa, y en el principal hospital de Khan Younis, en el sur, Nasser.

Las fuentes declinaron dar más detalles, alegando preocupaciones por la seguridad de los posibles testigos.

Una de las fuentes dijo que los acontecimientos en torno a los hospitales podrían formar parte de la investigación de la CPI, que conoce de causas penales contra individuos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión.

La oficina del fiscal de la CPI se negó a comentar cuestiones operativas de las investigaciones en curso alegando la necesidad de garantizar la seguridad de las víctimas y los testigos.

La CPI ha dicho que está investigando a ambas partes en el conflicto, incluyendo tanto el ataque del 7 de octubre de combatientes de Hamás contra Israel como la posterior ofensiva israelí en Gaza.

Durante el conflicto, los dos principales hospitales de Gaza han sido objetivos israelíes de alto nivel: rodeados, asediados y asaltados por las fuerzas israelíes que acusaron a los militantes de Hamás de utilizarlos con fines militares, lo que Hamás y el personal médico niegan.

En los últimos días, los funcionarios palestinos también han exigido investigaciones después de que se exhumaran cientos de cadáveres en fosas comunes en Nasser. Las dos fuentes no pudieron precisar si dichas fosas formaban parte de algún interrogatorio.

Israel niega haber cometido crímenes de guerra, incluso en los hospitales de Gaza o sus alrededores, donde afirma que todas sus actividades militares se han justificado por la presencia de combatientes de Hamás.

Los hospitales están protegidos en tiempo de guerra por tratados internacionales, lo que puede convertir los ataques contra ellos en crímenes de guerra según la CPI, aunque pueden perder esta protección en algunas circunstancias si son utilizados por combatientes de forma perjudicial para el enemigo.

Israel no es miembro de la CPI, mientras que los territorios palestinos fueron admitidos como Estado miembro en 2015. La CPI afirma que esto le otorga jurisdicción sobre las acciones de cualquier persona, incluidos los soldados israelíes en los territorios palestinos, y de los palestinos en cualquier lugar, incluso en territorio israelí. Israel no reconoce ninguna jurisdicción de la CPI sobre sus ciudadanos.

Cualquier caso penal de la CPI sería independiente de un caso en la Corte Internacional de Justicia, o Corte Mundial, que fue presentado por Sudáfrica y que acusa a Israel de genocidio en Gaza, algo que Israel niega. La CIJ, también con sede en La Haya, conoce de demandas entre Estados, mientras que la CPI conoce de causas penales contra individuos.

UN "PRECEDENTE PELIGROSO

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el viernes que cualquier medida de la CPI no afectaría a las acciones de Israel, sino que "sentaría un precedente peligroso que amenaza a soldados y figuras públicas".

"Bajo mi liderazgo, Israel nunca aceptará ningún intento de la Corte Penal Internacional de La Haya de socavar su derecho básico a defenderse", escribió en Telegram.

Los combatientes de Hamás atacaron Israel el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y capturando a 253 rehenes, según los recuentos israelíes. Israel respondió con un asalto que, según las autoridades sanitarias palestinas, ha matado al menos a 34.000 personas, y se cree que hay miles de cuerpos más perdidos bajo los escombros.

En una señal de que la investigación de la CPI sobre los ataques del 7 de octubre ha ido avanzando, Yael Vias Gvirsman, abogada que representa a algunas víctimas israelíes, dijo en febrero que un puñado de sus clientes habían prestado testimonio directamente a los investigadores de la CPI.