LUMBER Se había necesitado una "mayoría cualificada" de 15 países de la UE que representaran al 65% de la población de la UE para que la directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (DDDS) pasara a la votación final en el Parlamento Europeo. Se esperaba que los legisladores la apoyaran.
El miércoles, no hubo suficientes enviados de los 27 países de la UE que respaldaran la ley para que siguiera adelante, con la oposición liderada por los proempresariales Demócratas Libres de Alemania, que forman parte de la coalición de gobierno tripartita, que argumentaron que supondría una carga burocrática excesiva para las empresas.
Era la segunda vez que Bélgica, que ostenta la presidencia de turno de la UE, intentaba conseguir el respaldo a un texto ya acordado con el Parlamento Europeo. A principios de este mes, lo retiró del orden del día en el último minuto después de que Alemania e Italia indicaran que se abstendrían.
Bélgica dijo en una publicación en las redes sociales X que vería si era posible abordar las preocupaciones de los miembros de la UE, en consulta con el parlamento.
Alemania, antaño motor de la integración de la UE junto con Francia, ya ha criticado una ley comunitaria para poner fin a las ventas de coches que emiten CO2 para 2035 y sobre los planes de la UE para reducir las emisiones de los camiones.
En virtud de la DSCD, diseñada para entrar en vigor en 2027, las grandes empresas de la Unión Europea tendrían que identificar y remediar en sus cadenas de suministro los casos de empleo de mano de obra forzada o infantil o los daños medioambientales, como la deforestación. (Reportaje de Philip Blenkinsop, Charlotte Van Campenhout Edición de Alexandra Hudson)
