USB alegó que Snam había cometido graves "delitos contra el medio ambiente" al realizar las obras de construcción de la terminal.

USB criticó en el comunicado la elección de instalar la terminal en una zona ya contaminada por una antigua planta siderúrgica, afirmando que los procesos de regasificación aumentarían aún más los niveles de contaminación y causarían "daños graves e irreparables."

Snam declinó hacer comentarios al respecto.

El año pasado, el gobierno italiano encargó a Snam la compra de la terminal como parte de un esfuerzo más amplio para aumentar la capacidad de importación de GNL del país y compensar los menguantes suministros de gas ruso.

Según el plan del gobierno, la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) debería estar operativa en abril, cuando se esperan nuevos suministros de GNL de varios países africanos.

USB dijo que había presentado su denuncia legal ante la fiscalía de Livorno.

En noviembre, la administración de la ciudad de Piombino presentó una impugnación legal contra la terminal de GNL alegando riesgos para la seguridad, el medio ambiente y las empresas locales. Ese desafío incluía una "solicitud cautelar" para suspender las obras de instalación de la FSRU.

En diciembre, un tribunal administrativo italiano falló en contra de la solicitud de paralización cautelar de las obras de la terminal y programó una nueva vista para el 8 de marzo con el fin de evaluar las cuestiones de seguridad a más largo plazo relacionadas con la terminal flotante.