Los 26 estados, encabezados por Texas y Utah, presentaron una notificación de apelación ante el tribunal federal de Amarillo. El juez de distrito estadounidense Matthew Kacsmaryk desestimó su demanda el 21 de septiembre. La empresa de perforación petrolífera Liberty Energy Inc y un grupo comercial de petróleo y gas también son demandantes en el caso y se unieron a la apelación.
La apelación se dirige al Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU., con sede en Nueva Orleans, considerado uno de los tribunales federales de apelaciones más conservadores y que cuenta con 12 jueces nombrados por presidentes republicanos de un total de 16.
Una notificación de apelación no incluye ningún argumento jurídico ni esboza la base de la apelación.
La norma fue adoptada el año pasado por el Departamento de Trabajo de EE.UU., revirtiendo una norma de 2020 ideada por la administración del ex presidente republicano Donald Trump que restringía la inversión ESG por parte de los planes de jubilación. Abarca planes que invierten colectivamente 12 billones de dólares en nombre de más de 150 millones de personas.
El Congreso aprobó en marzo una resolución respaldada por los republicanos para derogar la norma, pero Biden, demócrata, la vetó.
ESG implica factores que los inversores pueden tener en cuenta, como las políticas de una empresa relacionadas con el clima y el medio ambiente, las prácticas de diversidad y cuestiones de gobierno corporativo como la remuneración de los ejecutivos. Algunos republicanos se han burlado de la ESG como un capitalismo "woke" que prima los objetivos liberales por encima de la rentabilidad de los inversores.
La Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados de 1974, denominada ERISA, exige que los administradores de los planes de jubilación actúen únicamente en interés de los participantes en el plan. En su demanda, los estados afirman que la norma viola la ERISA al permitir que estos planes tengan en cuenta factores no financieros. Los estados han afirmado que la norma pone en peligro los ahorros para la jubilación de millones de estadounidenses y mermará los ingresos fiscales de los estados.
Kacsmaryk, en su decisión de mantener la norma, dijo que ésta sigue exigiendo que los factores financieros sean lo primero y no exige, ni siquiera alienta, que los planes de jubilación consideren otros factores como el cambio climático y las cuestiones sociales y laborales. (Reportaje de Daniel Wiessner en Albany, Nueva York, Edición de Will Dunham y Alexia Garamfalvi)
