El Gobierno del presidente Joe Biden instó el lunes a un tribunal de apelaciones estadounidense a preservar el mandato federal que obliga a las aseguradoras médicas a cubrir los servicios de atención preventiva, incluidos los medicamentos para prevenir el VIH y las pruebas de detección del cáncer, sin coste adicional para los pacientes.

"Se trata de disposiciones sobre servicios preventivos que son fundamentales y salvan la vida de millones de estadounidenses", dijo Daniel Aguilar, abogado del gobierno, a un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU., con sede en Nueva Orleans, durante los argumentos de la apelación de la administración.

La administración está pidiendo al 5º Circuito que anule la sentencia de un juez federal que, si se permite que entre plenamente en vigor, anularía el mandato de que las aseguradoras cubran sin copagos una amplia gama de servicios elegidos por un grupo de trabajo federal. El mandato forma parte de la Ley de Asistencia Asequible (ACA) de 2010, a menudo llamada Obamacare porque fue defendida por el entonces presidente Barack Obama.

Durante los argumentos, los jueces no señalaron claramente cómo fallarían.

Los medicamentos de la PPrE aprobados en Estados Unidos para prevenir la infección por el VIH, que puede causar el sida, son fabricados por Gilead Sciences y por ViiV Healthcare, una empresa conjunta de GSK, Pfizer y Shionogi.

Un grupo de empresas lideradas por el operador de centros de bienestar cristiano Braidwood Management, con sede en Texas, demandaron en 2020 por el mandato. Aunque presentaron su demanda porque se oponían por motivos religiosos a cubrir la profilaxis preexposición al VIH (PPrE), argumentaron que todo el mandato violaba la Constitución estadounidense porque otorgaba demasiado poder a un grupo de trabajo elegido por un funcionario sanitario estadounidense de nivel medio, en lugar de ser nombrado por el presidente y confirmado por el Senado.

El juez de distrito estadounidense Reed O'Connor, de Fort Worth, les dio la razón en marzo de 2023 y bloqueó la aplicación del mandato de atención preventiva en todo el país.

Jonathan Mitchell, abogado de Braidwood, argumentó que el 5º Circuito debería mantener esa conclusión.

"Las personas que ejercen estos poderes para imponer mandatos obligatorios de cobertura de cuidados preventivos a las aseguradoras privadas tienen autoridad suficiente para convertirlos en funcionarios de los Estados Unidos", dijo Mitchell.

El gobierno de Biden ha argumentado que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, que fue confirmado por el Senado, puede "ratificar" retroactivamente las decisiones del grupo de trabajo. Becerra emitió un memorando en 2022 haciéndolo, pero Mitchell argumentó que la ley Obamacare no lo permitía.

Aguilar también dijo a los jueces el lunes que incluso si el tribunal está de acuerdo con las conclusiones de O'Connor, debe limitar su orden para dar a los demandantes lo que querían, preservando al mismo tiempo la mayor parte posible de Obamacare - un enfoque que comparó con el uso de un "bisturí" en lugar de un "mazo."

"Los demandantes no tienen una razón particular para oponerse a que alguien en Wisconsin reciba un cribado de cáncer de pulmón sin compartir los costes", dijo Aguilar.

El fallo de O'Connor no se aplica a los servicios que el grupo de trabajo recomendó antes de que se promulgara la ACA, incluido el cribado del cáncer de mama.

Dos miembros del panel del 5º Circuito, los jueces de circuito Don Willett y Cory Wilson, fueron nombrados por el ex presidente republicano Donald Trump, y la tercera, la juez de circuito Irma Carrillo Ramírez, fue nombrada por Biden, un demócrata.