La histórica ley de la UE, acordada por los legisladores del bloque y el consejo de los Estados miembros en diciembre, deberá ser firmada formalmente tan pronto como la próxima semana y podría hacer que las empresas se enfrenten a multas de hasta el 5% de las ventas globales por incumplir las normas.
Las empresas alemanas han criticado la ley, temiendo que genere burocracia e inseguridad jurídica.
La carta, enviada por el ministro de Finanzas, Christian Lindner, y el ministro de Justicia, Marco Buschmann, y fechada el jueves, decía que el gobierno planeaba abstenerse sobre la cuestión.
Aunque Alemania por sí sola no puede bloquear la aprobación de la ley, su postura será observada de cerca para ver si otros países descontentos con las medidas deciden seguir su ejemplo.
"En el Consejo de la Unión Europea, esto se traduce en la abstención de Alemania, que en última instancia tiene el efecto de un voto negativo", decía la carta, que según fuentes gubernamentales iba dirigida a grupos empresariales.
Ambos ministros son miembros del partido pro-empresarial alemán Demócratas Libres (FDP) y el ambiente dentro de la coalición gobernante ya ha sido díscolo.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Hubertus Heil, de los socialdemócratas de la coalición (SPD), quiere presentar propuestas para aliviar la burocracia a la que se enfrentarían las empresas, como forma de aplacar al FDP, según funcionarios de su ministerio.
Las principales asociaciones empresariales sostienen que el proyecto de directrices va mucho más allá de la actual ley alemana sobre la cadena de suministro.
"La industria alemana se siente aliviada", declaró el presidente de la Federación de Industrias Alemanas (BDI), Siegfried Russwurm. "Es bueno que Berlín no apoye este camino equivocado".
La normativa se aplicará a las empresas de la UE que tengan más de 500 empleados y una facturación neta mundial de 150 millones de euros. Para las empresas de fuera de la UE se aplicará si tienen más de 150 millones de euros de facturación neta generada en el bloque, tres años después de la entrada en vigor de las normas.
La carta de Lindner y Buschmann afirma que existen importantes riesgos de responsabilidad porque el proyecto de directiva de la UE sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (DDDS) se basa en una definición muy amplia de la cadena de suministro.
"También podemos esperar importantes cargas financieras, de personal y también burocráticas adicionales para nuestras empresas", afirmaron, argumentando que podría acabar con la suplantación de las empresas alemanas por rivales chinos con peores historiales en materia de derechos humanos. (Reportaje de Christian Kraemer, Holger Hansen, Alexander Ratz, Markus Wacket y Philip Blenkinsop; redacción de Matthias Williams, Edición de Kylie MacLellan)
