La sentencia allana el camino para que las empresas exijan devoluciones parciales y limita el alcance de impuestos similares en el futuro, según dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.
En 2022, el entonces primer ministro Mario Draghi introdujo un gravamen único que permitió al Tesoro recaudar 2.800 millones de euros (2.990 millones de dólares), a pesar de las críticas y las negativas a pagar de numerosas empresas.
Según el régimen, las empresas deberían haber pagado un tipo del 25% de un valor basado en operaciones sujetas al impuesto sobre las ventas IVA. La recaudación fiscal se utilizó para financiar medidas de ayuda a las familias y empresas afectadas por los elevados costes energéticos provocados por la invasión rusa de Ucrania.
Pero la recaudación era ilegal porque incluía los impuestos especiales en la base imponible que las empresas se veían obligadas a utilizar para calcular las sumas que debían pagar, según la sentencia.
"La excepcionalidad del momento y el carácter temporal de la exacción no pueden considerarse una justificación para la introducción de cualquier forma de imposición", declaró el Tribunal Constitucional en su sentencia.
Una de las fuentes señaló que el impacto sobre las finanzas públicas puede ser limitado porque Hacienda podrá compensar cualquier devolución con las sumas recaudadas de las empresas que aún no hayan pagado el gravamen.
El déficit presupuestario de Italia para 2023 se situó en el 7,4% del PIB, el más alto de los 27 países de la Unión Europea. El Tesoro prevé situar la brecha fiscal por debajo del límite del 3% establecido por la UE sólo en 2026.
El Tribunal también tendrá que pronunciarse sobre la legitimidad del impuesto extraordinario sobre la energía introducido por la primera ministra Giorgia Meloni sólo para 2023, que recaudó casi 3.500 millones de euros de 7.000 productores y vendedores de electricidad, gas y productos petrolíferos.
Este gravamen tenía un tipo igual al 50% de la parte de los ingresos empresariales de 2022 que fuera al menos un 10% superior a los ingresos medios declarados entre 2018 y 2021.
(1 dólar = 0,9350 euros)
