Algunos partidos de las regiones del norte de España, donde las empresas energéticas y los bancos tienen una presencia significativa, ya habían conseguido antes de la votación una exención de las actividades reguladas nacionales y de las operaciones en el extranjero de las grandes empresas energéticas.
Varias empresas energéticas habían amenazado con llevar al gobierno a los tribunales si se aprobaba el gravamen del 1,2% sobre las ventas de las empresas eléctricas en su forma original.
Inicialmente, los impuestos pretendían recaudar un total de 7.000 millones de euros en 2023 y 2024 para ayudar a los hogares a hacer frente a las presiones del coste de la vida.
La propuesta, aprobada por 186 votos a favor, 152 en contra y 10 abstenciones, se enviará ahora al Senado, donde podría ser aprobada si la cámara alta no añade ninguna enmienda.
Si los partidos del Senado introducen cambios adicionales, la cámara baja, o el Congreso, tendría que volver a debatirla.
Una fuente del gobierno dijo que, debido a los últimos cambios en el proyecto de ley, los 4.000 millones de euros que pretendía recaudar inicialmente podrían reducirse en unos 500 millones de euros.
A principios de este mes, también se modificó el impuesto bancario para imponer gravámenes a las unidades locales de los prestamistas extranjeros, después de que el BCE advirtiera en un dictamen no vinculante que la propuesta podría distorsionar la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones.
