Los organismos encargados de hacer cumplir la ley han accedido de forma rutinaria al vasto registro de transferencias de dinero sin supervisión judicial, dijo Wyden.

La oficina del senador demócrata lleva un año investigando el programa de vigilancia masiva y ha descubierto que cientos de organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen acceso a la base de datos de transferencias de dinero, que se encuentra dentro de una organización sin ánimo de lucro de Arizona conocida como Centro de Análisis de Registros de Transacciones (TRAC, por sus siglas en inglés).

La base de datos TRAC se creó como parte de un acuerdo sobre blanqueo de capitales de 2014 entre la fiscalía general de Arizona y Western Union.

La carta de Wyden al inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, también alegaba que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y una de sus subunidades, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), le ocultaron elementos clave del programa de vigilancia durante una reunión informativa celebrada en febrero de 2022.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. No se pudo contactar inmediatamente con el TRAC para obtener comentarios.

La Administración para el Control de Drogas de EE.UU., el DHS y la oficina del fiscal general de Arizona han solicitado datos a las empresas de transferencia de dinero y les han ordenado que los envíen a TRAC, según Wyden.

Western Union, MoneyGram International, Viamericas Corp y Euronet Worldwide se encuentran entre las empresas que han compartido datos de clientes con TRAC de forma masiva, añadió.

"Este acuerdo poco ortodoxo entre las fuerzas del orden estatales y las agencias del DHS y del DOJ para recopilar datos de transferencias de dinero en bloque suscita una serie de preocupaciones sobre la vigilancia que afecta de forma desproporcionada a las comunidades de bajos ingresos, minorías e inmigrantes", señala la carta de Wyden.

Wyden anunció en marzo que el HSI había emitido citaciones personalizadas, un tipo de orden de comparecencia, para obtener millones de registros de transferencias de dinero entre residentes mexicanos y personas que viven en cuatro estados de Estados Unidos.

El anuncio del miércoles sobre la vigilancia fue más amplio de lo que se conocía hasta ahora. Enumeraba 22 países y un territorio estadounidense implicados en las transferencias en cuestión, entre ellos Colombia, Bolivia, Ucrania, Hong Kong, Costa Rica y Venezuela.