Un grupo de trabajadores de Google, de Alphabet Inc, ha presentado una denuncia ante una junta laboral estadounidense alegando que la empresa tecnológica les despidió ilegalmente por protestar contra su contrato en la nube con el Gobierno israelí.

La queja fue presentada a última hora del lunes ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales de EE.UU. (NLRB), según No Tech For Apartheid, un grupo afiliado a algunos de los trabajadores. El grupo dijo que la queja alega que al despedir a los trabajadores, Google interfirió con sus derechos bajo la ley laboral de EE.UU. para abogar por mejores condiciones de trabajo.

Reuters no pudo obtener inmediatamente una copia de la demanda. Google no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Google dijo este mes que había despedido a 28 empleados que interrumpieron el trabajo en oficinas no especificadas mientras protestaban por el Proyecto Nimbus, un contrato de 1.200 millones de dólares adjudicado conjuntamente a Google y Amazon.com para suministrar servicios en la nube al gobierno israelí.

Los trabajadores afirman que el proyecto apoya el desarrollo de herramientas militares por parte de Israel. Google ha dicho que el contrato Nimbus "no está dirigido a cargas de trabajo altamente sensibles, clasificadas o militares relevantes para los servicios de armamento o inteligencia".

Zelda Montes, una antigua empleada de Google que fue detenida durante una protesta contra el Proyecto Nimbus, afirmó en un comunicado que Google despidió a los trabajadores para reprimir la organización y enviar un mensaje a su plantilla de que no se toleraría la disidencia.

Google intenta infundir miedo a los empleados", afirmó Montes.

Los trabajadores de la denuncia ante la NLRB pretenden ser readmitidos en sus puestos de trabajo con salarios atrasados y una declaración de Google de que no violará el derecho de los trabajadores a organizarse.

El consejero general de la NLRB, que actúa como fiscal, revisa las quejas e intenta resolver las reclamaciones que considera que tienen fundamento. Si eso falla, el asesor general puede llevar los casos ante jueces administrativos y ante una junta de cinco miembros nombrada por el presidente de EE.UU. (Reportaje de Daniel Wiessner en Albany, Nueva York, Edición de Alexia Garamfalvi y David Gregorio)