La declaración fue firmada por 35 naciones en una conferencia organizada por Gran Bretaña y Francia para hacer frente a la creciente disponibilidad y uso de programas espía utilizados para escuchar llamadas telefónicas, robar fotos y manejar a distancia cámaras y micrófonos.

Según el acuerdo, el rápido crecimiento del mercado de programas espía suscita preocupación por su impacto en la seguridad nacional y los derechos humanos, además de ampliar el "conjunto potencial de actores estatales y no estatales con acceso" a potentes herramientas de espionaje.

La declaración pedía a los firmantes que utilizaran las herramientas de forma legal y responsable, las utilizaran con precisión, introdujeran más supervisión y crearan más transparencia con los vendedores comerciales de programas espía.

Los firmantes advirtieron de que no establecer controles más estrictos sobre este tipo de software aumenta el riesgo de que actores de mala fe lleven a cabo actividades de espionaje.

Las herramientas de software espía también pueden ser utilizadas por piratas informáticos a sueldo que llevan a cabo campañas mercenarias de pirateo en nombre de clientes comerciales.

Las empresas de software espía suelen decir que sus productos están destinados a ser utilizados por los gobiernos para la seguridad nacional, pero en la última década se ha descubierto repetidamente que la tecnología se ha utilizado para piratear los teléfonos de la sociedad civil, la oposición política y los periodistas.

La industria se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor desde que el programa espía Pegasus de la empresa israelí NSO se encontró en los teléfonos de varias personas en todo el mundo, incluidos defensores de los derechos humanos.

Estados Unidos anunció el lunes una nueva política de restricción de visados para quienes, según dijo, hicieran un uso indebido de los programas espía comerciales.