El Tribunal Supremo de Corea del Sur ha confirmado una serie de sentencias que ordenan a las empresas japonesas indemnizar a sus ciudadanos que fueron obligados a trabajar para ellas, lo que ha provocado las protestas de Japón, pero hasta ahora las empresas japonesas se habían negado a pagar las indemnizaciones.

Tokio afirma que las sentencias de indemnización violan los acuerdos diplomáticos destinados a resolver la cuestión.

La familia del surcoreano, fallecido en 2019 e identificado sólo por su apellido Lee, recibió un depósito de 60 millones de wones (44.800 dólares) de Hitachi Zosen, según informó el martes el abogado de la familia.

El abogado Lee Min, que describió el dinero como una "compensación", dijo que era el primer caso en el que una empresa japonesa pagaba dinero a una víctima de trabajos forzados.

Hitachi Zosen, una importante empresa de maquinaria pesada e ingeniería, depositó el dinero en el tribunal a la espera del resultado del caso.

Un portavoz de Hitachi Zosen dijo que era "extremadamente lamentable" que el tribunal entregara el dinero a la familia.

En diciembre, el Tribunal Supremo falló a favor de la familia Lee después de que ésta reclamara 50 millones de wones más intereses.

El Tribunal Supremo también ha fallado a favor de las víctimas o sus familias en casos presentados contra empresas como Mitsubishi Heavy Industries y Nippon Steel Corp. Ninguna de estas empresas ha dicho que acepte la sentencia ni que haya pagado.

La cuestión de los trabajos forzados en tiempos de guerra y de las mujeres coreanas obligadas a trabajar en burdeles militares japoneses ha agriado durante mucho tiempo los lazos entre los vecinos y sigue complicando los esfuerzos por mejorar las relaciones.

La familia Lee había estado buscando una compensación directamente de las empresas japonesas a pesar de la decisión del presidente Yoon Suk Yeol, que ha estado intentando recomponer los lazos con Tokio, de crear una fundación financiada por empresas surcoreanas para compensarles.

La decisión de crear una fundación provocó la reacción de algunas víctimas y críticos que acusaron al gobierno de Yoon de capitular ante Japón.

Tokio acogió con satisfacción la medida y dijo que, aunque no se esperaría que las empresas japonesas contribuyeran al fondo, podrían hacer donaciones al mismo si lo deseaban.

El Tribunal Supremo también ha dictaminado que el derecho de los trabajadores a una reparación no quedó anulado por un tratado de 1965 por el que se establecieron lazos diplomáticos entre los dos países y que, según Tokio, zanjó el asunto de los trabajos forzados y los abusos sexuales en tiempos de guerra.

(1 dólar = 1.337,9900 won)