La posible violación está relacionada con una supuesta conspiración para cometer fraude de visados, según una presentación judicial del 4 de marzo en un tribunal federal de Texas.

Una acusación desvelada el pasado mes de marzo acusa a un antiguo director de investigación de ZTE en Nueva Jersey y a un profesor del Instituto de Tecnología de Georgia de conspirar para llevar a ciudadanos chinos a EE.UU. con visados J-1, diseñados para trabajar y estudiar en instituciones como Georgia Tech. Tras llegar, los ciudadanos chinos fueron a trabajar para ZTE en Nueva Jersey, según la acusación.El profesor, Gee-Kung Chang, se ha declarado inocente. La situación del director de investigación de ZTE, Jianjun Yu, no está clara. ZTE no está acusada en el caso.

Un portavoz del fiscal del distrito norte de Georgia, donde está pendiente el caso de los visados, declinó hacer comentarios.

Un portavoz del Departamento de Justicia de EE.UU. en Washington no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Un abogado de ZTE tampoco respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Si se descubre que ZTE ha violado su libertad condicional, las ramificaciones no están claras. Pero en el pasado ZTE se ha enfrentado a multas masivas y otras sanciones por ir en contra de las autoridades estadounidenses.

ZTE acordó pagar 892 millones de dólares y se declaró culpable en Texas en 2017 de cargos penales por violar las leyes estadounidenses que restringen la venta de tecnología de fabricación estadounidense a Irán y Corea del Norte.

Una investigación de cinco años había descubierto que ZTE conspiró para eludir los embargos estadounidenses comprando componentes estadounidenses, incorporándolos a los equipos de ZTE y enviándolos ilegalmente a Irán. Los investigadores también descubrieron 283 envíos de equipos de telecomunicaciones a Corea del Norte.

En aquel momento, ZTE aceptó tres años de libertad condicional, un programa de cumplimiento y un monitor corporativo.

Pero en 2018, el Departamento de Comercio de EE.UU. dijo que ZTE había mentido al disciplinar a los ejecutivos vinculados a las irregularidades y prohibió a ZTE hacer negocios con proveedores estadounidenses.

ZTE pagó 1.000 millones de dólares y acordó cambiar su liderazgo y cooperar con un segundo monitor de 10 años, entre otros términos, para conseguir que se levantara la prohibición.

El juez de Texas también amplió la libertad condicional de la empresa del caso penal y del monitor otros dos años, hasta el 22 de marzo de 2022.