En una presentación ante un tribunal federal de Manhattan, Argentina calificó de "innecesaria y prematura" la intención declarada por Burford de comenzar las confiscaciones de activos después del miércoles, dado que la sentencia tiene menos de cuatro meses y está siendo apelada.
Argentina dijo que numerosos otros tribunales han considerado razonables las esperas de 10 a 15 meses en casos comparables.
También dijo que los principios de cortesía internacional y las "circunstancias extraordinarias y únicas" de su caso justificaban que no hubiera prisa. Argentina dijo que 16.100 millones de dólares equivalen al 32% de su presupuesto fiscal para 2023.
Preska acordó no ejecutar su sentencia del 15 de septiembre de 2023 hasta que Argentina no pignore activos antes del 10 de enero o solicite una apelación acelerada antes del 30 de enero, lo que ocurra primero.
El 2 de enero, Burford dijo que ya había esperado bastante, después de que Argentina "dejara claro que no tiene intención de depositar la garantía mínima requerida para continuar la (suspensión) pendiente de apelación, y mucho menos pagar la sentencia".
Burford tiene de plazo hasta el martes al mediodía para responder a la presentación de Argentina.
La sentencia surgió a raíz de la decisión de Argentina en 2012 de apoderarse de una participación del 51% en la petrolera YPF en manos de la española Repsol sin licitar por las acciones en manos de inversores minoritarios.
Dos inversores, Petersen Energia y Eton Park Capital Management fueron indemnizados con 16.100 millones de dólares, y Burford ha dicho que tenía derecho al 35% y al 73% de sus respectivas indemnizaciones.
El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo a La Nación el mes pasado que el país podría emitir un bono perpetuo, que no tiene fecha de vencimiento, si fuera necesario para pagar la sentencia. (Reportaje de Jonathan Stempel en Nueva York; Edición de David Gregorio)
