La medida del fiscal de Padua, que salió a la luz a última hora del lunes, puso de relieve el marasmo legal al que se enfrentan las familias homosexuales en Italia. Se produjo meses después de que el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni ordenara a los ayuntamientos que dejaran de registrar a los hijos de padres del mismo sexo.

Italia legalizó las uniones civiles entre personas del mismo sexo en 2016 bajo un gobierno de centro-izquierda, pero se quedó corta a la hora de conceder a las parejas plenos derechos de adopción, por temor a que fomentara los embarazos de alquiler, que siguen siendo ilegales.

A falta de una legislación clara sobre la cuestión, algunos tribunales se han pronunciado a favor de permitir que estas parejas adopten a los hijos del otro, y los alcaldes de algunas ciudades, incluida Padua, han registrado nacimientos de ambos miembros de la pareja procedentes de uniones del mismo sexo.

Sin embargo, la fiscal de Padua, Valeria Sanzari, abrió una causa judicial este mes, afirmando que 33 certificados de nacimiento firmados por el alcalde de la ciudad desde 2017 deberían modificarse, eliminando el nombre de la madre no biológica.

Un tribunal se pronunciará sobre sus peticiones a finales de este año.

La iniciativa del fiscal indignó a la comunidad LGBTQ+ de Italia.

"Estos niños se están quedando huérfanos por decreto", declaró el parlamentario de centro-izquierda Alessandro Zan, que ha impulsado los derechos de los homosexuales en Italia. "Es una decisión cruel e inhumana", añadió.

Eliminar el nombre de uno de los progenitores de un certificado de nacimiento crea tanto obstáculos burocráticos como tensiones emocionales.

La madre cuyo nombre se elimine ya no podrá realizar una serie de tareas, entre ellas recoger a su hijo del colegio sin el permiso por escrito de su pareja. Si el progenitor legalmente reconocido fallece, los niños podrían ser sacados del hogar familiar y pasar a estar bajo la tutela del Estado.

Para recuperar sus derechos de paternidad, la madre no biológica tiene que someterse a un largo y costoso procedimiento especial de adopción.

El gobierno defendió la decisión del fiscal.

"En Italia, el matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer y, por tanto, sólo el progenitor biológico es el progenitor cuyo apellido puede registrarse", declaró el martes Luca Ciriani, ministro de Relaciones Parlamentarias, a la radio RTL.

La Cámara Baja italiana debate actualmente una ley que convertiría en delito, castigado con hasta dos años de cárcel, el hecho de que una pareja se desplace al extranjero para tener un bebé de alquiler, incluso en lugares donde es legal, como Estados Unidos o Canadá.

Meloni, autodeclarada enemiga de lo que ella denomina "ideología de género" y "lobby LGBT", se enfrenta a un creciente escrutinio desde el extranjero por su agenda altamente conservadora para las familias.

El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo públicamente a Meloni en una cumbre de líderes del Grupo de los Siete celebrada en Japón el mes pasado que Canadá estaba "preocupada" por algunas de las posturas que Italia estaba adoptando en materia de derechos LGBTQ+.