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La última vez fueron los fondos de cobertura estadounidenses los que pedían daños y perjuicios por las operaciones con níquel canceladas. Esta vez son activistas medioambientales los que apuntan al cobre indonesio.
Dos grupos de presión, London Mining Network (LMN) y Global Legal Action Network (GLAN), acusan a la LME de facilitar la venta de "metales sucios", incumpliendo así las leyes británicas contra el blanqueo de dinero.
El metal en cuestión es el cobre producido en la gigantesca mina de Grasberg, en Indonesia. Lo que GLAN describe como "un caso histórico" pretende poner de relieve los supuestos daños medioambientales de la mina.
Es una especie de bola curva legal para la bolsa de metales industriales, de 147 años de antigüedad, que calificó la acción de "mal concebida".
El momento es también irónico, ya que la LME está en proceso de suspender alrededor del 10% de sus marcas cotizadas por incumplir un plazo para presentar documentación de abastecimiento responsable.
ALCANCE MUNDIAL
El caso contra la LME no busca daños y perjuicios. Tampoco contra Freeport McMoRan, que es copropietaria y explotadora de Grasberg.
Más bien, su objetivo parece ser utilizar el estatus de la LME como bolsa de inversiones regulada por el Reino Unido para amplificar las acusaciones de "delito medioambiental" en Grasberg.
La palanca concreta es la marca de cobre "GRESIK" de la LME, producida por PT Smelting, que procesa los concentrados de Grasberg.
El objetivo inmediato, según LMN, es "obligar a la LME a revisar las normas bajo las que lista el metal para su comercialización en su Bolsa".
El objetivo final es el sistema de gestión de residuos de Grasberg en la selva tropical de la provincia indonesia de Papúa, que, según alega, está contaminando, junto con GLAN, las reservas locales de agua.
El informe de sostenibilidad 2022 de Freeport afirma que "el sistema controlado de relaves fluviales" de Grasberg es la mejor opción específica para el emplazamiento y "supone el menor riesgo para las personas y el medio ambiente".
MARCAS LIMPIAS
PT Indonesia y cualquier otro productor de metales con una marca cotizada en bolsa están obligados a proporcionar a la LME pruebas del cumplimiento de los principios de la OCDE sobre cadenas de suministro de minerales responsables y, desde finales del año pasado, la certificación ISO de las normas medioambientales y de salud y seguridad.
Varios productores incumplieron el plazo del 31 de diciembre para esto último y la LME está ahora en proceso de suspender alrededor del 10% de sus 435 marcas de metal registradas por incumplimiento.
La bolsa dijo que "espera plenamente que una parte de estas marcas puedan volver a cotizar a su debido tiempo, una vez que hayan completado el trabajo para cumplir los requisitos de la Política".
La última lista de marcas de la LME incluye 59 con fecha de suspensión. Algunas de las suspensiones preceden a la fecha límite de finales de 2023 y probablemente denotan un cese de la producción en las instalaciones designadas.
La mayoría, sin embargo, se han anunciado desde principios de enero, con un fuerte sesgo hacia el metal cotizado en los dos contratos de aleación de aluminio de la LME.
La liquidez se ha agotado en ambos contratos en los últimos años y las existencias registradas se han reducido a niveles mínimos. Probablemente, muchos productores de aleaciones han optado simplemente por evitar el papeleo adicional para un producto que no comercializan.
Pero la actual avalancha de suspensiones de marcas es una señal de la seriedad con la que la LME quiere asegurarse de que los productores cumplen sus requisitos de abastecimiento responsable a cambio del sello de aprobación de buena entrega de la LME.
El documento de posición de 2018 de la LME sobre abastecimiento responsable señalaba que sus listas de marcas "se consideran el estándar para los productores de metales", y "ahora es apropiado que la LME aproveche la importancia de sus listas de marcas para dar un mayor impulso a su iniciativa global de abastecimiento responsable".
Desde entonces, la bolsa ha dedicado mucho tiempo y recursos a la evolución de sus credenciales ecológicas.
ESCALAMIENTO
Sin embargo, la LME no puede establecer por sí misma las reglas que rigen las normas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) del sector minero.
"La LME no se considera a sí misma como líder del mercado en una dirección concreta (sino que) su papel es prestar un servicio y adaptar ese servicio a medida que evolucionan las necesidades del mercado", afirma en el documento de posición.
Por ello, su política actual se ajusta a las normas aceptadas existentes, como la guía de la OCDE sobre minería responsable y los códigos ISO sobre gestión medioambiental y seguridad laboral.
La LME tampoco pretende impulsar el cumplimiento de las normas ESG desde las plantas que producen el metal hasta las minas que generan la materia prima.
Este enfoque, comprensiblemente conservador, es demasiado lento para grupos activistas como LMN, cuyo objetivo es "exigir responsabilidades a las empresas mineras con sede en Londres colaborando estrechamente con las comunidades afectadas por la minería" en todo el mundo.
El grupo ya ha puesto en el punto de mira a empresas como Glencore, Anglo American y Río Tinto por su impacto medioambiental y social.
Poner sus miras legales en la LME marca una escalada de esa campaña desde los productores de metales hasta las instituciones financieras y otros proveedores de servicios como las bolsas.
Al igual que ocurrió con el drama del níquel de la LME en el Tribunal Superior, habrá muchos otros que observen con interés su último desafío judicial.
Las opiniones expresadas aquí son las del autor, columnista de Reuters. (Edición de Jan Harvey)
