En los últimos años, el Congreso ha aprobado leyes para presionar a China por lo que, según el Departamento de Estado, es un genocidio en curso de uigures y otros grupos minoritarios mayoritariamente musulmanes de Xinjiang.

Pero el comité selecto sobre China de la Cámara de Representantes dijo en una carta que la administración Biden no ha emitido sanciones en virtud de una de esas leyes -la Ley de Política de Derechos Humanos de los Uigures (UHRPA, por sus siglas en inglés) aprobada en 2020- que exige al presidente estadounidense, en ausencia de una exención, identificar y sancionar a los funcionarios chinos responsables de los abusos.

Pekín niega cualquier abuso en Xinjiang.

Estados Unidos ha sancionado a un puñado de funcionarios y entidades chinas vinculadas a Xinjiang por diversas vías, incluida la Ley Magnitsky y por orden ejecutiva, acciones que, según los activistas, son inadecuadas para la magnitud de las atrocidades cometidas.

"Estados Unidos debe tomar medidas para que los responsables de la RPC (República Popular China) rindan cuentas y desincentivar así nuevos abusos contra los derechos humanos de los uigures y otros grupos", afirmó Mike Gallagher, presidente del comité, en una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Algunos expertos en Xinjiang afirman que el presunto internamiento masivo de uigures alcanzó su punto álgido en 2018, pero que los abusos han continuado y los trabajos forzados y los traslados laborales se han hecho más prominentes.

La carta, fechada el 19 de septiembre, pedía a Blinken y Mayorkas que explicaran por qué no se había sancionado a ciertos funcionarios chinos, entre ellos el secretario del Partido Comunista de Xinjiang, Ma Xingrui, dado su papel en la formulación y ejecución de la represión china.

También pidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que explicara por qué docenas de empresas vinculadas a Xinjiang no habían sido añadidas a una lista de entidades en virtud de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur que prohibiría sus importaciones.

El Departamento de Estado lleva tiempo barajando sanciones en virtud de la UHRPA, pero Reuters informó en mayo de que las medidas relacionadas se encontraban entre las políticas retrasadas a raíz de la crisis diplomática provocada por el derribo en Estados Unidos de un presunto globo espía chino que sobrevoló suelo estadounidense a principios de este año.

La administración Biden ha sostenido que nunca se anda con rodeos con China, pero altos funcionarios han reconocido la importancia de "secuenciar" adecuadamente las políticas.

"Esta administración ha utilizado, y seguirá utilizando, una variedad de herramientas y tácticas diplomáticas para promover la rendición de cuentas por el genocidio en curso de la RPC y los crímenes contra la humanidad contra los uigures y los miembros de otros grupos étnicos y religiosos minoritarios en Xinjiang", dijo un portavoz del Departamento de Estado.

El DHS no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El líder chino Xi Jinping visitó Xinjiang en agosto y dijo que mantener la estabilidad social era una prioridad máxima, comentarios que los activistas consideraron como una reafirmación de su enfoque.

"(Xi) no siente ninguna presión para fingir que están haciendo otra cosa que continuar por este camino", dijo Julie Millsap, del Proyecto de Derechos Humanos de los Uigures, con sede en Washington.