Un juez estadounidense concedió el lunes a un amplio grupo de acreedores vinculados a Venezuela el derecho a participar en la subasta de acciones de la matriz de la refinería Citgo Petroleum, con sede en Houston, que se celebrará en enero.

Una demanda sin precedentes de la minera canadiense Crystallex Corp vinculó formalmente a Citgo, propiedad de Venezuela, a las deudas del país sudamericano y abrió la puerta a que unos 24.000 millones de dólares en reclamaciones se apliquen a la firma refinadora a través de una subasta de acciones en una matriz de Citgo cuyo único activo es la refinadora de petróleo.

La decisión aún requiere que el grupo, formado por 10 empresas, cumpla con una fecha límite del 12 de enero para que se emitan órdenes de embargo contra las acciones de la matriz de Citgo, PDV Holding. No se concedió ningún plazo adicional y no está previsto modificar el nuevo calendario de subastas emitido el lunes, según informó el tribunal de Delaware. El Tesoro estadounidense también se ha reservado el derecho a pronunciarse sobre cualquier oferta ganadora.

O-I Glass, Huntington Ingalls, ACL1 Investments, Rusoro Mining, Koch Industries y Gold Reserve pueden tener reclamaciones consideradas como juicios adicionales. Otro grupo de cuatro acreedores, entre ellos Siemens Energy, que habían presentado una moción similar para ser designados acreedores adicionales, también recibieron luz verde, según dictaminó el juez estadounidense Leonard Stark.

Las empresas habían solicitado participar "con plena fuerza y efecto" en caso de que dos de los mayores acreedores en el largo caso -la minera Crystallex y la petrolera ConocoPhillips- lleguen a acuerdos con Venezuela que puedan poner fin al pleito.

Las conversaciones han sido intermitentes durante meses con los tenedores de miles de millones de dólares adeudados por expropiaciones de activos y bonos venezolanos impagados que buscan resolver sus reclamaciones.

Los acreedores adicionales habían argumentado que necesitaban tener el mismo estatus para proteger sus intereses en caso de un acuerdo y para organizar sus propias ofertas de crédito, utilizando sus reclamaciones contra el precio de compra en cualquier venta.