La decisión de Telecom Italia (TIM) de vender su preciada red de telefonía fija a KKR es un paso "histórico" para el antiguo monopolio telefónico y entra dentro de las competencias exclusivas del consejo de administración, declaró el jueves el máximo responsable del grupo de telecomunicaciones.

Los comentarios del consejero delegado, Pietro Labriola, se producen tras las críticas del máximo accionista, Vivendi, que ha amenazado con impugnar judicialmente el plan de venta de la red, al considerar "ilegal" la decisión de proceder sin la votación de los accionistas.

En una llamada con analistas posterior a los resultados, Labriola dijo que la decisión de aceptar la oferta de 19.000 millones de euros (20.300 millones de dólares) de KKR por su activo de telefonía fija sin una votación de los accionistas "se basaba en varios dictámenes jurídicos independientes que indicaban que el asunto era claramente competencia exclusiva del consejo".

"No es posible, en virtud de la legislación italiana, transferir dicha competencia a los accionistas", añadió el consejero delegado.

Según Vivendi, la venta requería una votación extraordinaria de los accionistas porque cambiaría el objeto social de TIM y, por lo tanto, exigía una modificación de los estatutos de la empresa.

Labriola rechazó el argumento, citando un "análisis muy cuidadoso y profundo del acuerdo sobre la base del perímetro efectivo de la red de TIM".

"No hay nada en nuestros estatutos que pida la propiedad de la red. Y por ello, francamente, estamos bastante seguros de que nuestra visión de la transacción se confirmará incluso en los tribunales", añadió.

Labriola afirmó que el acuerdo "no es más que la estricta ejecución del plan de retraso" aprobado por unanimidad en 2022.

Las fuentes dijeron a Reuters que ahora se espera que Vivendi presente una denuncia ante un tribunal de Milán en un intento de impugnar las decisiones del consejo de administración.

Pero el consejero general de TIM, Agostino Nuzzolo, en su intervención en la llamada con analistas, dijo que la empresa no había recibido hasta el momento ninguna indicación de que se hubiera presentado una denuncia legal ante el tribunal con el objetivo de suspender el acuerdo.

Labriola dijo que, dado que el grupo no preveía ningún "obstáculo en las aprobaciones requeridas" ni un riesgo de que la operación se retrasara o bloqueara, no habría cambios en el calendario del cierre de la operación, previsto para el verano del próximo año.

(1 dólar = 0,9360 euros) (Reportaje de Elvira Pollina; Edición de Giulia Segreti y Jan Harvey)