LIMA (Reuters) -La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo el miércoles que se cometieron "graves" violaciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales en Perú, y afirmó que las acciones violentas de las autoridades frente a los manifestantes podrían calificarse como una "masacre".
En las conclusiones de un informe sobre las protestas de inicios de diciembre hasta finales de enero en Perú, la CIDH afirmó que estos hechos confirman el alto número de personas fallecidas y heridas por "impactos de armas de fuego".
En las protestas que estallaron tras la destitución el 7 de diciembre del entonces presidente Pedro Castillo, que intentó disolver el Congreso de forma ilegal, murieron más de 60 personas en choques con la policía y militares, en uno de los episodios más violentos en las últimas dos décadas en Perú.
El mayor número de víctimas se registró en las regiones andinas de Ayacucho y Puno, focos de las protestas en demanda de nuevas elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, cuyo Gobierno negó que hubiera cometido abusos frente a las protestas.
"Hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico racial, perpetuada por agentes estatales las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", dijo la presidente de la CIDH, Margarette May Macaulay, en un resumen del informe.
"Además, como estas son de privaciones múltiples de derecho a la vida, teniendo en cuenta la circunstancia, de modo tiempo y lugar deben ser clasificadas como una masacre", manifestó en una conferencia virtual dando las conclusiones de un informe.
Horas después, la presidenta Boluarte afirmó que respeta el informe de la comisión, pero no comparte sus cuestionamientos porque el gobierno acata los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de las libertades fundamentales.
"De hecho rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre", dijo en una conferencia de prensa junto a su gabinete de ministro.
Para el reporte la comisión visitó Perú entre el 11 y 13 de enero, cuando se reunió con familiares de las víctimas, entidades autónomas, de la sociedad civil y el Gobierno.
El informe de la comisión sigue a otro reciente de Human Rights Watch, que concluyó también que el Ejército y la policía de Perú fueron responsables de las muertes en las protestas.
La fiscalía peruana ha iniciado una investigación preliminar contra Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las protestas, en la que incluyó también a parte de su gabinete de ministros.
