En una sesión plenaria celebrada el miércoles por la noche, la legislatura anuló una medida gubernamental aplicada a finales del año pasado que fijaba el 21 de marzo como fecha límite para que los pequeños mineros presentaran un contrato minero o una concesión minera válidos, ya que de lo contrario se les retiraría de un programa nacional para formalizar las operaciones mineras a pequeña escala.
Perú lleva años intentando formalizar a los pequeños mineros de oro, en medio de la creciente presión internacional para que se esclarezca la cadena de suministro del metal precioso en el principal productor de Sudamérica. Las tensiones con los grandes mineros del cobre también han ido en aumento.
La legislación también ha otorgado a la policía más poderes para actuar contra las pequeñas minas artesanales en las que haya pruebas de posesión ilegal de explosivos, en medio de informes de las autoridades sobre enfrentamientos y ataques de mineros ilegales que han dejado más de veinte muertos en los últimos dos años.
Los pequeños mineros del oro en Perú operan a menudo de forma ilegal o con escasa supervisión. Se han ido extendiendo también al cobre a medida que subían los precios del metal rojo.
Perú produjo 99,7 millones de gramos finos de oro en 2023, un 2,8% más que el año anterior. Las minas artesanales extraen alrededor del 40% del mineral, según el gobierno, mientras que los representantes de la industria afirman que esa cifra asciende al 50%.
"Si no se deroga esta ley, iremos a la huelga y protestaremos indefinidamente", dijo a Reuters esta semana Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales del Perú , durante una protesta.
El dirigente dijo que su sindicato agrupa a unos 500.000 pequeños mineros en el país, mientras que unos 85.000 están inscritos en el programa de formalización.
La minería es clave para la economía peruana, ya que el 60% de las exportaciones de la nación andina provienen del sector minero, principalmente del cobre.
