El Parlamento decidirá si veta la propuesta de la Comisión Europea de añadir las centrales de gas y nucleares a la "taxonomía" de la Unión Europea, una lista de actividades económicas que los inversores pueden etiquetar y comercializar como ecológicas en la UE.

Los funcionarios de la UE esperan una votación ajustada. Un total de 353 legisladores -algo más de la mitad de los 705 que componen el pleno del Parlamento- tendrían que rechazar las normas de la UE. La votación debe realizarse en persona, por lo que el puñado de legisladores enfermos por el COVID-19 ha apretado aún más la votación.

El parlamento votará a mediodía.

Con su taxonomía, la UE pretende aclarar el turbio mundo de la inversión sostenible, garantizando que cualquier producto financiero que haga afirmaciones ecológicas cumpla unas normas estrictas.

"No habrá lavado verde", dijo el martes la jefa de servicios financieros de la UE, Mairead McGuinness.

Pero el debate sobre las normas relativas al gas y a la energía nuclear -que Bruselas ha retrasado un año y reformulado varias veces en medio de las presiones de gobiernos e industrias- ha puesto a los políticos en desacuerdo sobre qué combustibles incentivar, ya que Europa se esfuerza por alcanzar los objetivos climáticos y desprenderse del gas ruso al mismo tiempo.

"No podemos dejar que esto ocurra, de lo contrario estaremos atados a la energía fósil mucho tiempo después de que debamos haberla eliminado", dijo la legisladora Linea Sogaard-Lidell, del grupo político centrista Renew y opositora a las normas.

La energía nuclear no emite CO2, pero produce residuos radiactivos. El gas es un combustible fósil que produce emisiones que calientan el planeta, pero es visto por algunos países de la UE como una vía de salida del carbón más sucio.

La legisladora conservadora Pernille Weiss, una de las partidarias, advirtió que no incentivar las inversiones en gas y energía nuclear "ataría a la Unión Europea al carbón y al petróleo" y dificultaría la reducción de las emisiones que calientan el planeta.

Los legisladores tampoco se ponen de acuerdo sobre cómo afectará la ley a los mercados financieros, y algunos advierten de que los proyectos de gas y nucleares podrían enfrentarse a costes de capital más elevados si se les niega la condición de "verdes".

Otros sugieren que el simbolismo político de la taxonomía supera con creces el impacto que tendrá en los inversores, ya que la ley no prohíbe las inversiones en actividades sin la etiqueta verde.

Francia, que depende de la energía nuclear, ha apoyado firmemente la propuesta, junto a estados pro-gas como Polonia. Entre los que se oponen se encuentran la Alemania antinuclear y los que, como Dinamarca, dicen que no es creíble etiquetar el gas que emite CO2 como respetuoso con el clima.

Algunos legisladores de la UE, los gobiernos de Austria y Luxemburgo y los defensores del clima han amenazado con emprender acciones legales si la propuesta de la UE se convierte en ley.