El gobierno está actuando de forma concertada con los aliados occidentales para intentar paralizar la economía rusa como castigo por la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Ha puesto en el punto de mira el acceso de Rusia al sistema financiero internacional, a industrias como el transporte marítimo y la defensa, y a las élites ricas cercanas al presidente Vladimir Putin.

Gran Bretaña dijo que la nueva legislación, efectiva a partir de las 1600 GMT, prohíbe el mantenimiento de aviones o barcos pertenecientes a determinados oligarcas rusos sancionados o a sus empresas.

"La legislación de hoy añade nuevas vías a nuestra disposición para privar a los oligarcas del acceso a sus juguetes de lujo", dijo el secretario de Estado de Transportes, Grant Shapps, en un comunicado.

Los nuevos poderes se utilizaron inmediatamente contra el magnate del petróleo Evgeny Shvidler, un empresario multimillonario con estrechos vínculos comerciales con Roman Abramovich, y el multimillonario Oleg Tinkov, fundador del banco comercial Tinkoff, con sede en Moscú, según el comunicado.

Las medidas complementan las ya impuestas por Gran Bretaña y otros Estados, así como las decisiones comerciales ya adoptadas por los principales actores de la industria.

Los fabricantes de aviones Boeing y Airbus ya han interrumpido el suministro de componentes a Rusia y Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a la aviación rusa.

Los fabricantes de motores para barcos, como la finlandesa Wartsila, han suspendido sus vínculos con Rusia y su homólogo alemán MAN Energy Solutions está revisando sus contratos.

El sector marítimo ruso también está lidiando con la reducción de otros servicios, como la certificación de buques por parte de los principales proveedores extranjeros -vital para acceder a los puertos y asegurar el seguro-, la retirada de las compañías navieras y las sanciones occidentales impuestas a su principal transportista marítimo, Sovcomflot.

Gran Bretaña dijo que su nueva legislación también amplió las sanciones financieras, comerciales y de transporte marítimo impuestas a Crimea, que fue anexionada por Rusia de Ucrania en 2014, al territorio no controlado por el gobierno ucraniano de Donetsk y Luhansk.