Los argumentos del caso fueron escuchados por un banco constitucional de cinco jueces del máximo tribunal del país.
En noviembre de 2016, el primer ministro Narendra Modi dirigió personalmente la medida de choque de ilegalizar el 86% del efectivo en circulación para perseguir el "dinero negro" no declarado y luchar contra la corrupción.
Entre los demandantes había abogados, un partido político, bancos cooperativos y particulares, todos los cuales impugnaron la decisión ante el tribunal.
