Por Belén Carreño, Robert Muller y Sergio Goncalves
Las dificultades para renegociar el plan de recuperación tras la pandemia, dotado con 724.000 millones de euros, menos de dos años después de su aprobación, hacen dudar de su capacidad de cumplimiento, según Manuel Hidalgo, investigador principal del Centro Esade de Política Económica, un grupo de reflexión con sede en Madrid.
"Si no se gasta todo el dinero, esto tendrá un coste de reputación para la UE", dijo Hidalgo. "Si no sale bien tendrán que justificar muchas cosas, como la propia existencia de este tipo de planes".
La cuestión más espinosa será conseguir la unanimidad de los 27 miembros del bloque sobre la ampliación del desembolso de la financiación más allá de 2026, lo que requeriría la aprobación en el parlamento de cada país, incluidos Hungría y Polonia, que ya están enfrentados con la UE y podrían utilizar su apoyo como palanca para conseguir concesiones.
La UE congeló los fondos destinados a Hungría y Polonia por el historial de sus gobiernos nacionalistas de socavar las normas democráticas liberales.
El acceso de Polonia a casi 36.000 millones de euros de fondos depende de una revisión de su sistema judicial. La UE retiene 5.800 millones de euros hasta que Hungría aplique medidas para frenar la corrupción e impulsar la independencia de su poder judicial.
Ampliar el periodo de aplicación se enfrenta a "un gran problema: habría que reabrir la decisión sobre los recursos propios, lo que requiere unanimidad, algo casi impensable", declaró el portavoz checo del Ministerio de Asuntos de la UE, Marek Zeman.
Los países ya van retrasados Aunque los hitos y objetivos deben alcanzarse antes de agosto de 2026, el 70% de las subvenciones y préstamos deberían haberse comprometido el año pasado y el resto en 2023. La cantidad real comprometida hasta ahora ronda el 20%, según datos de la UE.
COSTES DE LA MATERIA PRIMA
Los beneficiarios de los fondos afirman que el aumento del coste de las materias primas, producto de la guerra en Ucrania, y los cuellos de botella en la cadena de suministro han retrasado la adjudicación y ejecución de los proyectos de recuperación.
Hasta finales de 2022, Portugal había desembolsado a los promotores de proyectos 1.400 millones de euros, es decir, el 8,5% del total de los fondos de recuperación que se le habían asignado.
Un portavoz de la ministra portuguesa del Gabinete, Mariana Vieira da Silva, dijo que las conversaciones con la Comisión Europea sobre una "reevaluación de los objetivos" comenzarían este mes e incluirían una "revisión del periodo de ejecución". Portugal estaba analizando qué proyectos se habían visto más afectados "por el actual contexto macroeconómico", dijo la portavoz.
Italia espera que las conversaciones para revisar algunos aspectos del plan concluyan en febrero, aunque de momento no ha pedido una ampliación del plazo más allá de 2026, según una fuente del gobierno italiano. Roma quiere que Bruselas tenga en cuenta el impacto negativo de los elevadísimos costes de las materias primas en las obras públicas, dijo la persona.
Rumanía y Portugal son los dos países que más presionan para ampliar el plazo de 2026, y España y otros países del este de Europa apoyan sus demandas, dijo una fuente con conocimiento de las negociaciones. España asumirá la presidencia de la Comisión Europea en la segunda mitad de 2023.
La CE podría retrasar la concesión de prórrogas el mayor tiempo posible en un esfuerzo por presionar a los países para que completen la mayor parte posible del calendario original, según una fuente de la Comisión Europea.
Una negociación seria comenzaría en 2024 y probablemente concluiría en 2025, cuando estuviera claro que sería imposible cumplir lo acordado anteriormente, dijo la persona.
Algunos países están ideando soluciones provisionales para proyectos que son especialmente importantes y que parece poco probable que cumplan el plazo, dijo una fuente. Esto implicaría presupuestar y asignar fondos antes de que los proyectos se hayan encargado para poder cumplir el plazo de 2026, dijo la persona.
