El gabinete aprobó la ley en junio, pero aún tenía que elaborar los reglamentos ejecutivos necesarios para su aplicación.
El Fondo Monetario Internacional, en un acuerdo de apoyo financiero de 3.000 millones de dólares firmado en diciembre de 2022, instó a Egipto a igualar las condiciones entre los sectores público y privado.
El acuerdo quedó en suspenso después de que Egipto no cumpliera otros compromisos, como permitir que su moneda se moviera en respuesta a las fuerzas del mercado, actuar con rapidez para vender activos estatales y reducir el papel del gobierno en la economía.
La nueva normativa "se aplica a todas las inversiones o actividades económicas emprendidas por organismos estatales". Entre ellos se incluyen "las unidades del aparato administrativo estatal, las unidades de la administración local, los organismos públicos, de servicios y económicos nacionales y las agencias que tienen presupuestos especiales", dijo el gabinete en un comunicado.
Las regulaciones no se aplican "al trabajo militar y a los requisitos para defender el país o proteger la seguridad nacional", dijo la declaración del gabinete.
