El emplazamiento andino, situado en la frontera entre Chile y Argentina, fue objeto de una extensa disputa legal, que llevó a la empresa a detener sus operaciones antes de la apertura debido al aumento de los costes y a las críticas de los accionistas.
El tribunal confirmó los tres cargos del regulador medioambiental, a pesar de las alegaciones de Barrick de que el regulador había actuado fuera de sus competencias, dijo en su fallo.
El regulador medioambiental del país había dicho que el proyecto había dañado la flora y la fauna autóctonas, que no había supervisado completamente los índices de deshielo de los glaciares cercanos y que había vertido aguas ácidas en un río local.
Barrick apeló el fallo de 2018, aunque en 2020 un tribunal ambiental confirmó la decisión, que incluía una multa de más de 7.000 millones de pesos (6,72 millones de dólares).
Las organizaciones ecologistas y las comunidades locales se habían opuesto firmemente al proyecto, situado en la región chilena de Atacama, por considerar que reducía la disponibilidad de agua en la zona y afectaba a los glaciares cercanos.
