Los críticos de la propuesta dijeron que un intento de enmendar la ley de 2016 amenazaría la independencia del banco e indicaría la probabilidad de una mayor intervención estatal en las políticas monetarias, especialmente a la luz del creciente déficit fiscal, la escasez de recursos financieros y la dificultad para obtener préstamos extranjeros.
Las conversaciones sobre un préstamo de 1.900 millones de dólares están estancadas desde octubre, cuando Túnez y el FMI alcanzaron un acuerdo preliminar, después de que Saied dijera este año que no aceptaría "diktats" y sugiriera que los recortes de subsidios podrían provocar protestas.
En una visita al banco, Saied dijo que había que distinguir entre el papel del banco en la lucha contra la inflación y su papel en la financiación del presupuesto, y añadió que el banco central es una institución pública y no independiente del Estado.
En 2020, el gobernador del banco central tunecino, Marouan Abassi, advirtió de que los planes del gobierno de pedirle que compre bonos del Tesoro entrañan riesgos reales para la economía, como una mayor presión sobre la liquidez, una inflación elevada y una caída del valor de la moneda tunecina.
Pero Saied afirmó que "hay que desarrollar la ley de financiación presupuestaria que dice que el banco no puede conceder facilidades de préstamo ni adquirir bonos emitidos por el Estado".
La nación norteafricana, sacudida por múltiples problemas desde la revolución de 2011, se enfrenta a una crisis económica en toda regla.
La mayor parte de la deuda es interna, pero los reembolsos de los préstamos exteriores vencen a finales de este año y las agencias de calificación crediticia han dicho que Túnez podría incurrir en impago.
