Las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo, Andrew Cheung, se produjeron en un acto para inaugurar formalmente un año judicial en el que los abogados esperan ver avanzar importantes casos de seguridad nacional en los tribunales que él supervisa.

"La independencia judicial en Hong Kong existe como un hecho", dijo Cheung. "Y estamos aquí hoy para dar testimonio de este hecho".

Algunos diplomáticos, juristas y activistas siguen de cerca la evolución de la situación, pues consideran que la independencia judicial y el estado de derecho son los cimientos que sostienen las libertades y el modo de vida capitalista que se prometió a Hong Kong cuando Gran Bretaña entregó su antigua colonia al dominio chino en 1997.

Los críticos dicen que la ley de seguridad, que entró en vigor en junio de 2020, pone en peligro esas libertades con duras disposiciones sobre fianzas y la ampliación de los poderes policiales bajo un régimen legal que castiga la subversión, el terrorismo y la connivencia con fuerzas extranjeras con penas de hasta cadena perpetua.

Además, otorga a la jefa del Ejecutivo de la ciudad, Carrie Lam, el poder de seleccionar los jueces que podrán juzgar los casos de seguridad nacional.

La primera persona condenada en virtud de la ley de seguridad nacional, Tong Ying-kit, fue encarcelada durante nueve años por cargos de secesión y terrorismo después de que chocara con una moto contra un grupo de policías mientras enarbolaba una pancarta de protesta con las palabras "Liberemos Hong Kong, revolución de nuestro tiempo".

Funcionarios de Hong Kong y China afirman que la ley era vital para garantizar la estabilidad después de que el centro financiero asiático se viera sacudido por protestas prodemocráticas, a veces violentas, durante gran parte de 2019, y afirman que los juicios no son políticos.

Cheung dijo que confiaba en que los derechos humanos fundamentales de Hong Kong, protegidos por la miniconstitución de la ciudad, permanecieran intactos.

"El Estado de Derecho garantiza y promueve la imparcialidad, la igualdad y la justicia, que son los valores fundamentales de la administración de justicia en nuestro sistema jurídico", dijo.

"Nuestros informes jurídicos están llenos de casos en los que estos derechos fundamentales se interpretan generosamente y las restricciones se limitan estrechamente por referencia a su objetivo, relevancia, necesidad y proporcionalidad".

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, Cheung dijo que no podía revelar el número o las identidades de los jueces autorizados para los casos de seguridad nacional, y afirmó que, aunque podía asesorar y hacer recomendaciones a la dirigente de la ciudad, ella era la "autoridad designadora" según la ley de seguridad.

"Me temo que la consulta se hace de forma confidencial y no es apropiado que revele ningún detalle.

"No nos corresponde a nosotros, ni a mí, responder por ella los criterios de designación".

Cuando se le preguntó sobre el caso de subversión en curso para 47 demócratas de alto perfil, a muchos de los cuales se les ha denegado la libertad bajo fianza durante casi un año y se les ha mantenido en prisión preventiva antes de un juicio completo, Cheung dijo que aunque veía la necesidad de tratar los casos con "rapidez", los pasos procesales no podían precipitarse.

"No son pasos que se puedan eludir", dijo.