El Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), compuesto por 54 miembros, votará una resolución redactada por Estados Unidos para "retirar con efecto inmediato a la República Islámica de Irán de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer durante el resto de su mandato 2022-2026".
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, compuesta por 45 miembros, se reúne anualmente cada mes de marzo y su objetivo es promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Un funcionario estadounidense dijo a Reuters que habían "observado sistemáticamente un creciente apoyo" para destituir a Irán.
Irán, otros 17 Estados y los palestinos argumentaron en una carta al ECOSOC el lunes que una votación "creará sin duda un precedente no deseado que, en última instancia, impedirá que otros Estados miembros con culturas, costumbres y tradiciones diferentes... contribuyan a las actividades de dichas Comisiones".
La carta instaba a los miembros a votar en contra de la medida estadounidense para evitar una "nueva tendencia a expulsar a Estados soberanos y legítimamente elegidos de cualquier órgano del sistema internacional, si alguna vez se percibe como inconveniente y se puede conseguir una mayoría circunstancial para imponer tales maniobras".
Sólo cinco de los firmantes de la carta son actualmente miembros del ECOSOC y pueden votar el miércoles.
La República Islámica ahorcó el lunes en público a un hombre que, según los medios de comunicación estatales, había sido condenado por el asesinato de dos miembros de las fuerzas de seguridad, la segunda ejecución en menos de una semana de personas implicadas en las protestas contra la teocracia gobernante en Irán.
Hace tres meses estallaron disturbios en todo el país tras la muerte mientras estaba detenida de Mahsa Amini, una mujer kurda iraní de 22 años, que fue arrestada por la policía de la moralidad que hacía cumplir las leyes obligatorias de la República Islámica sobre el código de vestimenta.
Las manifestaciones se han convertido en una revuelta popular de iraníes furiosos de todas las capas de la sociedad, planteando uno de los desafíos de legitimidad más importantes a la élite clerical chií desde la Revolución Islámica de 1979.
Irán ha culpado a sus enemigos extranjeros y a sus agentes de los disturbios.
El Consejo de Derechos de la ONU, con sede en Ginebra, votó el mes pasado a favor de nombrar una investigación independiente sobre la mortal represión iraní de las protestas, aprobando la moción entre vítores de los activistas. Teherán acusó a los Estados occidentales de utilizar el Consejo para atacar a Irán en una medida "atroz y vergonzosa".
