¿QUÉ ES LA CIJ?
La CIJ, también llamada Corte Mundial, es el máximo órgano jurídico de las Naciones Unidas, creado en 1945 para tratar las disputas entre Estados. No debe confundirse con la Corte Penal Internacional, también con sede en La Haya, que se ocupa de los casos de crímenes de guerra contra individuos.
El panel de 15 jueces de la CIJ -que se amplía con un juez adicional elegido por Israel en este caso porque ya hay un juez sudafricano- se ocupa de disputas fronterizas y, cada vez más, de casos presentados por Estados que acusan a otros de incumplir las obligaciones de los tratados de la ONU.
Sudáfrica e Israel son signatarios de la Convención sobre el Genocidio de 1948, lo que otorga a la CIJ jurisdicción para pronunciarse sobre las disputas relativas al tratado. Aunque el caso gira en torno a los territorios palestinos ocupados por Israel, los palestinos no tienen ningún papel oficial en el procedimiento.
Todos los Estados que firmaron la Convención sobre el Genocidio están obligados a no cometer genocidio y a prevenirlo y castigarlo. El tratado define el genocidio como "los actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".
¿CUÁL ES EL CASO DE SUDÁFRICA?
La demanda inicial de 84 páginas, presentada por Sudáfrica tres meses después de iniciada la guerra, afirma que al matar a palestinos en Gaza, causarles graves daños mentales y corporales y crear condiciones de vida "calculadas para provocar su destrucción física", Israel está cometiendo genocidio contra ellos.
En las audiencias celebradas en enero, Sudáfrica se centró en el hecho de que Israel no proporcionara alimentos esenciales, agua, medicinas, combustible, refugio y otro tipo de ayuda humanitaria a Gaza durante su guerra contra el grupo militante palestino Hamás.
También se refirió a la sostenida campaña de bombardeos de Israel que, según las autoridades sanitarias de Gaza, ha matado a más de 35.000 personas.
¿CUÁL ES LA RESPUESTA DE ISRAEL?
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha tachado de indignantes las acusaciones de genocidio. Israel afirma que hace lo que puede para proteger a los civiles palestinos en Gaza y acusa a Hamás de utilizar a los palestinos como escudos humanos, una acusación que Hamás niega.
Israel dice que debe tener derecho a defenderse tras el ataque del 7 de octubre dirigido por Hamás contra Israel en el que murieron 1.200 personas y 253 fueron secuestradas, según los recuentos israelíes.
¿QUÉ HA DICTAMINADO LA CJI EN EL CASO HASTA AHORA?
Tras una primera ronda de audiencias sobre medidas de emergencia en enero, el tribunal consideró que era plausible que Israel hubiera violado algunos derechos garantizados a los palestinos de Gaza en virtud de la Convención sobre el Genocidio.
Los jueces ordenaron a Israel que se abstuviera de realizar actos que pudieran entrar en el ámbito de la Convención sobre el Genocidio y que se asegurara de que sus tropas no cometieran actos genocidas contra los palestinos.
Según la Convención sobre el Genocidio, los actos de genocidio incluyen matar a miembros de un grupo, causarles graves daños físicos o mentales e infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción total o parcial del grupo.
Los jueces también ordenaron a Israel que tomara medidas para mejorar la situación humanitaria en Gaza.
En marzo, el tribunal dictó nuevas medidas de emergencia y ordenó a Israel que adoptara todas las medidas necesarias y eficaces para garantizar el suministro de alimentos básicos a los palestinos de Gaza.
¿POR QUÉ MÁS AUDIENCIAS SOBRE MEDIDAS DE EMERGENCIA?
El 10 de mayo, el tribunal anunció que Sudáfrica había solicitado medidas de emergencia adicionales relacionadas con la ofensiva israelí sobre Rafah, en el sur de Gaza, donde más de un millón de palestinos han buscado refugio.
Sudáfrica quiere que el tribunal ordene el cese de la operación militar en Rafah y que Israel permita el acceso sin trabas a Gaza de los funcionarios de la ONU, las organizaciones que proporcionan ayuda humanitaria y los periodistas e investigadores.
En las audiencias del jueves y el viernes, Sudáfrica e Israel dispondrán de dos horas cada uno para exponer sus argumentos sobre la nueva solicitud de medidas de emergencia.
No habrá declaraciones de testigos ni repreguntas. La exposición consistirá sobre todo en argumentos jurídicos presentados por funcionarios estatales y abogados.
La obtención de medidas de emergencia es un primer paso en el caso más amplio de genocidio que tardará varios años en completarse. Formalmente llamadas medidas provisionales, están pensadas como una especie de orden de restricción para evitar que un conflicto empeore mientras el tribunal estudia el caso completo.
Se espera una decisión sobre las medidas adicionales en las próximas semanas.
Las sentencias de la CIJ son definitivas e inapelables, pero ésta no tiene forma de hacerlas cumplir. Un fallo en contra de Israel podría dañar la reputación internacional del país y sentar un precedente legal.
