El incidente del martes fue el tercer atentado importante en una semana contra los intereses de China en la nación del sur de Asia, donde Pekín ha invertido más de 65.000 millones de dólares en proyectos de infraestructuras, como parte de su iniciativa más amplia Cinturón y Ruta.

El primer ministro Shehbaz Sharif pidió que "se lleve a cabo una investigación conjunta exhaustiva, utilizando todos los recursos del Estado", dijo su oficina en un comunicado.

Anteriormente, Sharif presidió una reunión de funcionarios civiles y militares en la que se revisaron las disposiciones de seguridad para la protección de los ciudadanos chinos y sus intereses, dijo el ministro de Información, Attaullah Tarar, pero no dio más detalles.

No hubo una reivindicación inmediata de la autoría del atentado del martes, en el que un terrorista suicida embistió con un vehículo un convoy de ingenieros chinos que trabajaban en un proyecto hidroeléctrico en Dasu, en el noroeste de Pakistán, matando a seis personas.

Dos atentados anteriores tuvieron como objetivo una base aeronaval en Pakistán y un puerto estratégico utilizado por China en la provincia suroccidental de Baluchistán, donde Pekín ha invertido miles de millones de dólares en proyectos de infraestructuras.

Dasu, el emplazamiento de una importante presa, ha sido atacado en el pasado, con la explosión de un autobús en 2021 que mató a 13 personas, nueve de ellas chinas, aunque ningún grupo reivindicó la autoría.

Pakistán alberga dos insurgencias gemelas, una montada por islamistas y otra por militantes étnicos que buscan la secesión, enfadados por lo que denominan el reparto desigual de los recursos naturales por parte del gobierno.

Los intereses chinos son el principal objetivo de los militantes étnicos que pretenden expulsar a Pekín de Baluchistán, rica en minerales, pero esa zona está lejos del lugar del ataque del martes.

Pakistán ha creado una fuerza específica de policías y militares para garantizar la seguridad de las actividades chinas, según los funcionarios.