El máximo tribunal de México, compuesto por once magistrados, declaró que las sanciones penales por aborto eran inconstitucionales en 2021, pero el fallo sólo se aplicó al estado norteño de Coahuila, donde se originó el caso.
Desde entonces, los 32 estados del país y el gobierno federal han tardado en derogar sus códigos penales en consecuencia.
El miércoles, el tribunal se puso del lado de los grupos de defensa del derecho al aborto en una impugnación del código penal federal y declaró que la sección de la ley nacional que penalizaba el aborto ya no podía entrar en vigor.
La sentencia abre la puerta a que el sistema sanitario federal proporcione abortos, lo que podría ser cada vez más importante a medida que México reflexiona sobre la centralización de los servicios sanitarios, afirman los defensores del derecho al aborto.
El grupo de defensa legal del derecho al aborto que presentó el caso celebró la decisión en un post en X, antes conocido como Twitter.
"Con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las instituciones federales de salud de todo el país tendrán que ofrecer servicios de aborto a las mujeres y personas con capacidad gestacional que lo soliciten", dijo el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Un representante de la Secretaría Nacional de Salud, que supervisa los servicios federales de salud, no devolvió de inmediato una solicitud de comentarios.
Aguascalientes se convirtió en el duodécimo estado mexicano en despenalizar el aborto el mes pasado, cuando el Tribunal Supremo se puso del lado de GIRE en una impugnación similar del código penal de ese estado.
