Austria, Países Bajos, Bélgica, Irlanda y Dinamarca fueron algunos de los 27 líderes nacionales reunidos en Bruselas, centro neurálgico de la UE, para expresar su preocupación por el aumento de las llegadas irregulares, con unos 330.000 cruces de fronteras registrados el año pasado.
"Los países europeos están experimentando un gran aumento del número de personas que llegan de fuera de Europa de forma irregular", declaró el primer ministro irlandés, Leo Varadkar.
"Es importante que nosotros, como europeos, decidamos quién entra en nuestros países, no los traficantes de personas... Los que obtienen el estatuto de refugiado tienen derecho a quedarse, pero otros no, y deben ser devueltos".
La inmigración ha sido un tema políticamente muy delicado en la UE desde 2015, cuando más de un millón de personas -la mayoría huyendo de la guerra en Siria- cruzaron el Mediterráneo hacia Europa, y los Estados miembros se pelearon amargamente sobre cómo atenderles.
Incapaz de ponerse de acuerdo, el bloque de 450 millones de habitantes ha recurrido al endurecimiento de sus fronteras para impedir la llegada de personas de Oriente Próximo, África y Asia, a pesar de las críticas de que esa política era inhumana y descuidaba las lagunas del mercado laboral.
Desde España y Grecia hasta Letonia y Polonia, en 2022 había más de 2.000 kilómetros (1.240 millas) de muros y vallas fronterizos en la UE, frente a los poco más de 300 kilómetros (185 millas) de 2014, según un informe del Parlamento Europeo.
Aún así, con la reanudación de la movilidad mundial desde la pandemia del COVID-19, las llegadas irregulares a la UE aumentaron el año pasado hasta su nivel más alto desde 2016, lo que reavivó una retórica antiinmigración más dura.
MUROS Y VALLAS
"Tenemos que 'tirar del freno' a la inmigración ilegal en la UE", declaró el canciller austriaco Karl Nehammer.
"Necesitamos el dinero para ello, no importa si se llama valla o infraestructura fronteriza. Bulgaria necesita ayuda en lo que se refiere a vigilancia de fronteras y personal, con equipamiento técnico, toda valla sólo es buena si hay una vigilancia eficaz."
El ejecutivo de la UE, que dispone del presupuesto compartido del bloque, se niega desde hace tiempo a financiar muros fronterizos, aunque sí sufraga equipos de vigilancia y otras infraestructuras.
El primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, se pronunció en contra de la financiación de muros, afirmando que el patrimonio de Europa era superar las divisiones tras la Segunda Guerra Mundial y acabar creando una zona de 27 países en la que los viajeros puedan cruzar las fronteras sin controles.
"Por el momento lo que está sobre la mesa es Bulgaria-Turquía... pero esto no será suficiente - así que habrá de nuevo nuevas vallas y de nuevo nuevos muros... ¿La conclusión es que queremos una fortaleza en Europa?".
Su homólogo belga dijo que la situación equivalía a "una gran crisis migratoria", mientras que el primer ministro holandés se pronunció a favor de restringir los visados y la ayuda a los países que no cooperen.
Italia ha pedido más dinero para África, Hungría quería más muros y Francia dijo que la UE debería ayudar a luchar contra la pobreza y el terrorismo en todo el mundo, así como combatir el calentamiento global para ver menos gente en movimiento.
El máximo diplomático del bloque dijo que la "Fortaleza Europa" no era la respuesta y que la UE también debería ofrecer a los inmigrantes algunas formas legales de entrar: "La gente se desplaza porque en sus países no hay futuro, no hay paz, no hay estabilidad", dijo Josep Borrell.
El grupo caritativo católico Cáritas afirmó que los líderes de la UE deberían estudiar la posibilidad de mejorar los procedimientos de asilo y los centros de acogida del bloque para "poner los derechos humanos y la dignidad en primer plano".
