En la actualidad, se exige a las personas de entre 18 y 49 años que trabajen al menos 20 horas semanales para poder recibir prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) durante más de tres meses en un periodo de tres años. El plan de endeudamiento firmado por el presidente Joe Biden el 5 de junio elevaría ese límite superior de edad hasta los 54 años.

Los demócratas y los grupos contra el hambre se opusieron firmemente a los cambios durante las negociaciones, alegando que los requisitos de trabajo son ineficaces, punitivos y podrían aumentar el hambre en Estados Unidos. La ley final afectará a menos personas que las versiones anteriores presentadas por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

Sin embargo, después de que la ley fuera aprobada por la Cámara el 1 de junio, McCarthy señaló que la conversación no había terminado. "Vamos a por el resto de los requisitos laborales", dijo en una entrevista.

En una audiencia centrada en la nutrición del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes celebrada el miércoles, los miembros demócratas echaron humo sobre el plan de la deuda y advirtieron contra cualquier otro cambio en el SNAP.

El comité, junto con su homólogo en el Senado, está inmerso en un proceso de meses para aprobar una nueva ley agrícola, que financie los programas estadounidenses de productos agrícolas básicos, conservación y nutrición como el SNAP.

"El hambre no debería ser una cuestión política", dijo la representante Jahana Hayes, demócrata de Connecticut. "La obsesión [de los republicanos] por recortar la ayuda alimentaria es chocante".

Los republicanos sugirieron, mientras tanto, que el proyecto de ley agrícola debería incluir más reformas del SNAP. Durante las negociaciones sobre el plan de endeudamiento, los republicanos argumentaron que los requisitos laborales animarían a más personas de bajos ingresos a conseguir trabajo y reducirían su dependencia de la ayuda federal.

La ley agrícola se aprueba cada cinco años y suele ser escenario de tensiones partidistas sobre el gasto en nutrición.

Alrededor del 80% de la próxima ley agrícola -que según las previsiones de la Oficina Presupuestaria del Congreso en mayo costará 1,5 billones de dólares en 10 años- se destinará a programas de nutrición.