La investigación del juez Tarek Bitar sobre la masiva explosión, que causó la muerte de más de 215 personas y agravó la crisis económica del Líbano, ha sido suspendida en repetidas ocasiones por demandas interpuestas por políticos de alto nivel a los que ha tratado de interrogar.

Hezbolá, un poderoso grupo con una milicia armada, ha liderado la campaña para destituir a Bitar, acusándolo de parcialidad después de que persiguiera a algunos de sus aliados políticos.

En el último giro, una demanda presentada por el ex ministro Youssef Finianos, una de las figuras de alto nivel que Bitar quiere interrogar, ha quedado en el limbo por la jubilación la semana pasada del juez Roukoz Rizk, que la estaba conociendo, según fuentes judiciales.

"Mientras no se decida esta demanda, el juez de instrucción no puede dictar el auto de procesamiento", dijo una fuente judicial.

No puede haber un fallo en el caso, que según la fuente acusa a Bitar de "un grave error" en la dirección de la investigación, hasta que se encuentre un sustituto para Rizk, que alcanzó la edad de jubilación obligatoria.

Los políticos suelen elegir a los jueces en el Líbano, lo que, según Nizar Saghieh, del organismo de control Legal Agenda, podría permitirles dejar el puesto vacante y el caso pendiente.

Tal movimiento podría obstaculizar la investigación.

Los oponentes de Bitar le acusan de parcialidad y de extralimitarse en sus funciones. Sus partidarios ven sus esfuerzos como un audaz intento de hacer que los altos funcionarios rindan cuentas en un país en el que la impunidad está arraigada desde el final de la guerra civil de 1975-1990.

La investigación está actualmente congelada debido a una demanda independiente.

Las familias de las víctimas de la explosión protestaron el lunes ante la sede del poder judicial de Beirut para exigir que la investigación se acelere y que se sustituya rápidamente a Rizk.

"Queremos que se haga justicia, no queremos esperar años", dijo Kayan Tlais, que perdió a su hermano en la explosión.

Hezbolá y sus aliados han estado boicoteando las reuniones del gabinete durante tres meses, diciendo que querían la destitución de Bitar. El sábado, unos días después de que Rizk se retirara, el grupo y sus aliados dijeron que ponían fin al boicot.

Heiko Wimmen, de Crisis Group, describió las demandas que han estado obstaculizando el progreso como "teatro legal" y dijo que obstruir la investigación dañaría aún más la confianza pública en las instituciones de la nación.

"Está muy claro que al juez Bitar no se le permitirá citar a nadie, y mucho menos acusar a nadie", dijo. "Quien no quiera que esta investigación vaya a ninguna parte lo ha conseguido".