La ministra Raquel Sánchez anunció las medidas, que incluyen una rebaja de 0,20 euros por litro de combustible y una bonificación de 1.200 euros, después de mantener conversaciones durante toda la noche con las asociaciones de transporte.
Pero a las pocas horas, la Plataforma para la Defensa del Transporte, el grupo no oficial de camioneros que inició la huelga el 14 de marzo y que fue excluido de las conversaciones con el gobierno, rechazó la propuesta y comenzó a bloquear la céntrica avenida de La Castellana de Madrid.
"Desgraciadamente vamos a seguir con la huelga", dijo a los periodistas Manuel Hernández, que lideraba la protesta, tras reunirse con Sánchez el viernes por la noche.
Dijo que la huelga continuaría "indefinidamente" si la ayuda del gobierno no se aplicaba inmediatamente.
"No tenemos dinero para trabajar porque no cubrimos nuestros gastos", dijo.
TVE informó de que, según Hernández, la ministra de Transportes le comunicó que las ayudas que reclaman los camioneros se harán efectivas a través de un "proyecto de ley" en los próximos meses y que hasta entonces no puede aprobar medidas transitorias para garantizar el pago por encima de los costes.
La ministra Sánchez había aceptado reunirse con los líderes de la huelga, a los que inicialmente había tachado de no ser representativos del conjunto de los camioneros y de estar vinculados a la extrema derecha.
"Nunca he tenido ningún problema en reunirme con ellos, pero lo que debemos celebrar hoy es este acuerdo... y eso es lo que voy a intentar explicarles esta tarde", dijo a la cadena estatal TVE.
Sánchez dijo que todas las demandas de los camioneros estaban incluidas en el acuerdo, por lo que no había razón para mantener la huelga.
A primera hora del viernes, muchos de los manifestantes llevaban chaquetas de alta visibilidad que recordaban a las protestas de los gilets jaunes de Francia. Los manifestantes también bloquearon la circunvalación costera de Barcelona y quemaron neumáticos en un paso fronterizo con Portugal.
La rebaja en el precio de los carburantes, de la que una cuarta parte será pagada por las petroleras, se aplicará también a otras empresas de transporte, dijo Sánchez. Los conductores de autobuses, camiones ligeros, ambulancias y taxis también recibirán -aunque más pequeñas- bonificaciones.
Como parte del paquete, el gobierno aprobará una nueva línea aún no especificada de líneas de crédito respaldadas por el Estado con una congelación de 12 meses en los reembolsos de los préstamos, o los llamados periodos de gracia en los que las empresas sólo deben pagar los intereses y no el principal de un préstamo.
Para ayudar a las empresas y a los hogares a hacer frente a la pandemia del COVID-19, el gobierno español aprobó hasta 140.000 millones de euros (154.100 millones de dólares) en líneas de crédito del ICO en 2020.
En esas líneas existentes, ampliará con carácter general los vencimientos entre ocho y diez años y extenderá automáticamente los periodos de carencia en seis meses, según informó el viernes el Ministerio de Transportes. (1 dólar = 0,9083 euros) (Información adicional de Marco Trujillo, Nathan Allen, Beln Carreo, Jess Aguado, Emma Pinedo, Christina Thykjaer y Jessica Jones; edición de Angus MacSwan, Raissa Kasolowsky y Aurora Ellis)
