La Casa Blanca dijo que apelaría la decisión de un juez de Luisiana que echó por tierra sus planes de poner fin a la orden sanitaria de la era COVID, conocida como Título 42, que bloquea a la mayoría de los solicitantes de asilo y otros migrantes en la frontera con México.

Rosibel Hernández es una migrante de Honduras y habló con Reuters en Ciudad Juárez, Chihuahua, México:

"Estábamos muy esperanzados porque el gobierno (de Estados Unidos) había prometido el 23 de mayo que pondría fin a la restricción del Título 42. Hemos estado varados porque no sabíamos qué medidas iba a tomar Estados Unidos. Esto es un gran golpe para los que han estado varados aquí durante mucho tiempo".

El presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, llegó al cargo en enero de 2021 prometiendo deshacer las políticas de inmigración de línea dura de su predecesor republicano, Donald Trump.

Pero hasta ahora, ha tenido dificultades para cumplir las promesas de campaña de cambiar el sistema.

Los republicanos que buscan ganar el control del Congreso en noviembre han criticado sus políticas fronterizas por considerarlas demasiado indulgentes, señalando el récord de cruces de migrantes, mientras que algunos miembros de su propio partido le han criticado por no poner fin a las restricciones de la era Trump.

Enrique Valenzuela es el coordinador del consejo de población del gobierno del estado de Chihuahua, que está entre los encargados de atender a los migrantes en la frontera.

"Sabemos que la puerta para la gente que no tiene visa para entrar a Estados Unidos sigue cerrada. La gente que viene aquí con la esperanza de entrar (a Estados Unidos) debe esperar otro momento para poder presentarse a tratar de entrar a Estados Unidos".

El fallo de la semana pasada provocó una rápida protesta: los solicitantes de asilo marcharon el domingo hacia la frontera entre Tijuana y San Diego en una manifestación contra la política fronteriza que ha impedido que miles de personas puedan solicitar protección en Estados Unidos.

Mientras la Casa Blanca apela, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que cumpliría con la orden del tribunal de Luisiana.