La presidenta izquierdista Xiomara Castro anunció la semana pasada que entregaría a la policía militar el control del sistema penitenciario, un alejamiento de una postura pasada de desmilitarizar la seguridad, mientras su administración busca detener la actividad del crimen organizado dentro de las prisiones.
Un vídeo oficial mostró a cientos de reclusos varones sin camisa, muchos de ellos tatuados y con la cabeza rapada, dispuestos en el suelo de la prisión de alta seguridad de Tamara, en Honduras, con los brazos sobre la cabeza, custodiados por soldados fuertemente armados.
Las imágenes muestran similitudes con otras compartidas a principios de este año por el gobierno derechista del vecino El Salvador, que ha reforzado la seguridad en las cárceles y encerrado a más de 62.000 presuntos delincuentes durante una ofensiva contra las bandas.
"Nuestra misión es derrotar al crimen organizado dentro de las cárceles y (también) vamos tras los autores intelectuales que operan desde afuera", dijo en un tuit el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
Tamara, donde unos 4.200 reclusos están hacinados en una instalación con capacidad para 2.500, es una de las dos prisiones, junto con La Tolva, cuyo control asumió el lunes la policía militar, dijo el portavoz de las Fuerzas Armadas, Antonio Coello.
En Honduras, unos 20.000 reclusos coexisten en 26 cárceles superpobladas, y un informe de Naciones Unidas señala que las prisiones del país están un 34,2% por encima de su capacidad.
La policía militar se incautó el lunes de pistolas, ametralladoras, municiones, cargadores y granadas en una zona de la prisión de Tamara ocupada por la banda Barrio 18, según declaró a la prensa el coronel Fernando Muñoz.
"Se acabó la corrupción en las cárceles. Vamos a controlarla y de aquí no saldrán llamadas para ordenar extorsiones o ejecuciones", dijo el oficial en conferencia de prensa.
