La UE quiere introducir costes por emisiones de CO2 a partir de 2026 en las importaciones de acero, cemento, fertilizantes, aluminio y electricidad, una medida destinada a proteger a la industria europea de la subcotización por productos más baratos fabricados en países con normas medioambientales más débiles.

Una fase de transición de tres años para el gravamen comenzaría en 2023, por lo que los países de la UE y el Parlamento Europeo se apresuran a negociar y aprobar las normas este año. Los ministros de Economía de los países de la UE acordaron el martes su posición negociadora.

"Es un gran paso adelante en la lucha contra el cambio climático", dijo el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, tras la reunión de los ministros en Bruselas, y añadió que una "mayoría considerable" apoyaba la posición.

"Estamos haciendo el esfuerzo de reducir las emisiones de carbono en la industria. ... No queremos que estos esfuerzos no sirvan de nada porque importamos productos que contienen más carbono", dijo Le Maire.

La tasa forma parte de un paquete de políticas de la UE sobre el cambio climático diseñado para reducir las emisiones del bloque en un 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990.

Ese objetivo requerirá enormes inversiones de la industria en tecnologías verdes como el hidrógeno e impondrá mayores costes de CO2 a los contaminadores. La tasa fronteriza pretende crear una "igualdad de condiciones" imponiendo los mismos costes de CO2 a las empresas de la UE y a las del extranjero.

Francia, que actualmente preside las reuniones de los ministros de la UE, apoya desde hace tiempo la tasa y da prioridad a un acuerdo rápido al respecto. El Parlamento Europeo tiene previsto confirmar su posición antes de julio, lo que significa que las negociaciones entre el Parlamento y los países de la UE sobre las normas definitivas podrían comenzar después del verano.

Sin embargo, los ministros no decidieron la rapidez con la que la tasa fronteriza debe sustituir a los permisos gratuitos de CO2 que las industrias reciben actualmente en el mercado de carbono de la UE. La eliminación progresiva de esos permisos es controvertida, y los ministros dijeron que se negociaría en conversaciones separadas sobre las reformas del mercado de carbono de la UE.

La cuestión de si los ingresos de la tasa de CO2 irán a parar al presupuesto de la UE también se debatirá más adelante.

"El acuerdo deja muchas preguntas sin respuesta", dijo el principal legislador del Parlamento sobre esta política, Mohammed Chahim, y añadió que "no puede llegar a ningún acuerdo" sin claridad sobre la eliminación de los permisos gratuitos.

Chahim quiere poner fin a los permisos gratuitos de CO2 en 2028. La comisión propuso 2035, mientras que algunas industrias presionan para mantenerlos.