Casi 200 países acordaron en la cumbre climática COP26 del año pasado en Glasgow, Escocia, establecer objetivos de reducción de emisiones más estrictos a tiempo para la próxima conferencia climática de la ONU en noviembre.

El objetivo es salvar la brecha entre las promesas de los países y los recortes de emisiones mucho más rápidos que se necesitan en esta década para evitar que el mundo se caliente más de 2C o 1,5C por encima de los niveles preindustriales, lo que según los científicos desencadenaría consecuencias climáticas desastrosas.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la UE instarán el lunes al diplomático de mayor rango del bloque, el alto representante para Asuntos Exteriores Josep Borrell, a que intensifique la diplomacia climática, según un borrador de las conclusiones de su reunión.

"El Consejo invita al alto representante a que, en estrecha colaboración con la Comisión y los Estados miembros de la UE, continúe e intensifique una diplomacia climática activa y la cooperación con los socios en el período previo a la COP27, para establecer objetivos más ambiciosos", según el borrador, que podría cambiar antes de su publicación.

La UE llegó a acuerdos sobre el clima el año pasado, incluido un acuerdo de 8.500 millones de dólares con Estados Unidos y otros países para ayudar a Sudáfrica a eliminar el carbón más rápidamente, un acuerdo que se considera un posible modelo para la financiación del clima en otros países.

El borrador decía que la UE debería explorar otras asociaciones antes de la COP27 con países que dependen en gran medida de la generación de energía o la minería del carbón.

Los países de la UE y el Parlamento Europeo negociarán este año una serie de nuevas políticas para reducir más rápidamente las emisiones de la UE, algunas de las cuales tendrán repercusiones internacionales, como el primer arancel fronterizo sobre el carbono del mundo, que impondrá costes de emisiones a los productos contaminantes importados a la UE.

Esto ha puesto nerviosos a algunos países, como Rusia y China, aunque Bruselas ha dicho que los países con sus propias políticas de fijación de precios del carbono podrían eludir el gravamen fronterizo.