Ho Yu-wang, de 20 años, Kwok Man-hei, de 21, y Cheung Ho-yeung, de 23, fueron acusados de "conspiración para cometer terrorismo" en virtud de la Ley de Seguridad Nacional.
El juez del Tribunal Superior Alex Lee dijo que aceptaba que "la atmósfera social hostil" durante las prolongadas protestas prodemocráticas de Hong Kong podía "nublar fácilmente el juicio moral de una persona... (y) podría convertir en radicales a personas con caracteres previamente buenos".
Kwok pertenecía a un grupo independentista llamado "Returning Valiant", según el resumen de los hechos de la fiscalía.
Los tres fueron acusados de planear la fabricación de artefactos explosivos improvisados y su colocación en lugares públicos como oficinas gubernamentales, túneles transversales del puerto, dependencias del personal policial, ferrocarriles y edificios judiciales entre el 1 de abril y el 5 de julio de 2021. Los acusados fueron detenidos antes de que se fabricara o utilizara ninguno de los artefactos.
Ho, presunto cerebro del plan, y Cheung fueron condenados a seis años de cárcel, mientras que Kwok fue condenado a 30 meses de prisión.
Ho se declaró culpable del cargo de terrorismo mientras que Cheung y Kwok se declararon culpables de un cargo alternativo de conspiración para "provocar explosiones que pudieran poner en peligro la vida o causar graves daños materiales".
El punto de partida de la condena de Ho se fijó en 10 años y el juez Lee le concedió cuatro años de deducción por su ayuda a la acusación que condujo a la declaración de culpabilidad de Cheung.
Otros cuatro implicados en los planes fueron condenados en mayo. Un joven de 21 años fue encarcelado durante cinco años y ocho meses por alquilar un piso para el plan, mientras que otros tres de entre 17 y 20 años fueron enviados a centros de formación.
Pekín impuso una ley de seguridad nacional en Hong Kong en 2020 para castigar la secesión, la subversión, el terrorismo y la connivencia con fuerzas extranjeras con penas de hasta cadena perpetua.
Algunos gobiernos extranjeros, incluido el estadounidense, afirman que la ley de seguridad es una herramienta para aplastar la disidencia. Pekín afirma que la ley de seguridad ha devuelto la estabilidad al centro financiero mundial tras las protestas masivas de 2019.
Desde que se impuso la ley de seguridad nacional, más de 280 personas han sido detenidas, entre ellas políticos de la oposición, activistas, abogados y periodistas.
