El derramamiento de sangre, la violencia y los desplazamientos se han intensificado desde que estallaron los combates entre el ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido en abril, llevando a Sudán al borde de la guerra civil. Entre las regiones más afectadas se encuentra Darfur Occidental, donde los ataques por motivos étnicos han causado cientos de muertos.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido han negado las acusaciones de los observadores del conflicto, grupos de defensa de los derechos y testigos de que estén detrás de los ataques contra civiles, al tiempo que han afirmado que cualquiera de sus soldados que resulte implicado será llevado ante la justicia. Sudán también niega haber matado a civiles y describe el conflicto como un asunto interno.

El documento visto por Reuters condena las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos durante los cinco meses de conflicto y pretende establecer una Misión de Investigación de tres personas para investigarlos.

Estos expertos documentarían las violaciones y prepararían informes orales y escritos para el Consejo de 47 miembros.

El borrador se distribuyó entre los países miembros el viernes, según confirmaron diplomáticos. Aún no se ha presentado formalmente al Consejo, cuyos debates aportan un mayor escrutinio a los asuntos y cuyas investigaciones utilizan a veces los fiscales internacionales.