En noviembre de 2021, Google pidió al Departamento de Justicia que considerara la posibilidad de exigir a Jonathan Kanter, fiscal general adjunto encargado de antimonopolio, que se recusara debido a su trabajo para una larga lista de críticos de Google.

El gobierno ha argumentado que se debería obligar a Google a vender su paquete de gestión publicitaria. Google ha negado haber cometido ningún delito. El Departamento de Justicia presentó la demanda por publicidad en enero en Arlington, Virginia, junto con ocho estados, y otros nueve estados se unieron en abril.

Aunque Brinkema se negó a ordenar la recusación de Kanter, se mostró escéptica durante una vista judicial sobre su implicación y añadió que el Departamento de Justicia debería "utilizar algo de sensatez" a la hora de decidir qué hacer.

Además de su conocido motor de búsqueda, que es gratuito, Google obtiene ingresos a través de sus negocios de tecnología publicitaria. El gobierno ha acusado a Google de abusar de su dominio en la publicidad digital para obtener mayores beneficios.

Los anunciantes y los editores de sitios web se han quejado de que Google no ha sido transparente sobre el destino de los dólares de los anuncios, concretamente cuánto va a los editores y cuánto a Google.

Por otra parte, en la cercana Washington D.C., Google está luchando contra una demanda antimonopolio presentada en 2020 por Estados Unidos que acusa a la empresa de utilizar medios ilegales para mantenerse en la cima de las búsquedas. El juicio en ese caso concluye su primera semana el viernes.

Google ha negado haber actuado mal en ambos casos. En el caso de las búsquedas, argumenta que está en la cima por su alta calidad. En el de la publicidad, argumenta que su cuota de mercado, del 70%, no es lo suficientemente alta como para tener poder de mercado y que no hay pruebas de que los anunciantes se vieran perjudicados por la conducta de Google.