El 16 de abril de 2024, el Tribunal de la Cancillería de Delaware anunció que ha concedido la expedición y el descubrimiento en una demanda por incumplimiento del deber fiduciario contra el Consejo de Administración de Crown Castle Inc. por ampliar el número de puestos del consejo en las etapas críticas y tardías de un concurso de poderes en curso por parte del vehículo de inversión Boots Capital Management LLC. El vicecanciller J. Travis Laster declaró que Boots Capital había presentado una reclamación plausible de que las acciones del Consejo de Administración de la empresa contravinieron sus deberes fiduciarios en virtud de la legislación de Delaware cuando los consejeros en funciones ampliaron el número de puestos de 12 a 13 tras el nombramiento de un nuevo consejero delegado el 10 de abril y añadió que existe la amenaza de un daño irreparable al cambiar las normas en medio de un concurso de poderes. El Tribunal concedió la presentación acelerada de pruebas y una audiencia de requerimiento preliminar que se programará a principios de mayo, momento en el que el Tribunal evaluará la moción de requerimiento preliminar de Boots Capital, que buscará posibles soluciones, incluido un posible aplazamiento de la asamblea anual del 22 de mayo.

El vicecanciller Laster mencionó que había ordenado previamente, el 8 de marzo, que la empresa y su junta debían notificar previamente a Boots Capital si iban a emprender cualquier acción corporativa material que pudiera afectar al concurso de poderes. Boots Capital considera que el Consejo ignoró deliberadamente las directrices del Tribunal, lo que dio lugar a su última impugnación, y añadió que apoya el nombramiento de Steven J. Moskowitz como nuevo consejero delegado, pero que al añadir a Moskowitz como ejecutivo y nuevo director, el Consejo no redujo el tamaño total del consejo, sino que optó por mantener al director y consejero delegado interino Anthony Melone, que llevaba en su cargo desde el 16 de enero. Esa acción amplió el número de directores a 13 en las fases críticas y tardías del concurso de apoderados, cambiando así las reglas y afectando a la imparcialidad de las elecciones de directores, y la empresa sigue pagando al Sr. Melone una compensación extra como asesor especial del presidente y consejero delegado, además de seguir pagando al anterior consejero delegado, Jay Brown, a quien se le concedió un contrato de consultoría de seis meses tras su dimisión en enero.