Los accionistas no pueden demandar a las empresas por fraude si hacen caso omiso de una norma que exige la divulgación de las tendencias que se espera afecten a sus resultados, a menos que la omisión haga que otra declaración sea engañosa, dictaminó el viernes el Tribunal Supremo de EE.UU.

La sentencia de 9-0, cuya autora es la jueza liberal Sonia Sotomayor, otorgó una victoria a Macquarie Infrastructure en una demanda colectiva de accionistas propuesta en la que se acusaba a la empresa de no revelar que sus ingresos eran vulnerables a una eliminación internacional del fuelóleo con alto contenido en azufre entre 2016 y 2018.

Los jueces revocaron una decisión del Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de EE.UU., con sede en Nueva York, de permitir que prosiguiera la demanda colectiva presentada por el fondo de cobertura Moab Partners. Anteriormente, un juez federal había desestimado el litigio.

Sotomayor escribió que aunque la disposición antifraude de una ley federal llamada Ley de Valores de 1933 prohíbe claramente a las empresas decir medias verdades engañosas, no se aplica automáticamente cuando una empresa guarda silencio.

Las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa están obligadas a realizar diversas revelaciones en virtud de normas federales que son aplicadas por la Comisión de Bolsa y Valores.

Moab demandó a Macquarie en 2018, acusándola de ocultar el hecho de que los ingresos de una filial dependían de la demanda de almacenamiento de un combustible para cargueros que los reguladores internacionales pretendían eliminar para 2020. Ambas empresas tienen su sede en Nueva York.

Según la demanda, Macquarie violó una norma de la SEC que exige a las empresas revelar las tendencias e incertidumbres conocidas que puedan afectar significativamente a su situación financiera.

El Tribunal Supremo decidió que la violación de la norma no equivale por sí misma a una omisión engañosa según la ley antifraude, que prohíbe a las empresas omitir hechos de forma que una declaración resulte engañosa.

El tribunal rechazó el argumento de Moab de que tal fallo otorgaría inmunidad a las empresas por violar las leyes de divulgación, diciendo que la SEC puede tomar medidas coercitivas.

Macquarie había argumentado que el fallo que había dejado proceder la demanda entraba en conflicto con otra decisión que bloqueaba una demanda similar. Los grupos empresariales afirmaron que el temor a este tipo de demandas había dado lugar a un aumento de la divulgación de información por parte de las empresas.